Entre la necesidad y la oportunidad
La percepción de un contexto favorable guarda relación, en primer lugar, con la llegada al poder de nuevos proyectos de gobierno en la mayoría de los países, más comprometidos con una visión de integración regional que con el modelo de relacionamiento de cada país con la agenda global. El mensaje del nuevo gobierno de Colombia, de compromiso manifiesto con la integración latinoamericana, tiene un significado muy especial por tratarse de uno de los países menos interesado históricamente en estos experimentos de construcción de instituciones comunitarias de carácter regional.
En el ámbito de los movimientos sociales, la reflexión sobre un proyecto latinoamericano y del Caribe también permea las agendas emergentes. La nueva América Latina, por usar la expresión de Calderón y Castells (2019), conlleva una agenda fuertemente centrada en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, la inclusión de los pueblos étnicos, la cuestión del cambio climático, la inclusión digital, la justicia social, los derechos de las juventudes, la lucha contra la corrupción, etc. La dura experiencia de la pandemia y sus secuelas ha desafiado aún más estas agendas de movimientos sociales que han visto como se agravan las profundas brechas sociales y de derechos humanos preexistentes en la región, en medio de la precariedad de las respuestas a la crisis. Por eso uno de los resultados políticos de esta contradicción es la emergencia de intensos procesos de movilización social y política, que están redefiniendo el panorama político en varios países y que cada vez se tornan más determinantes frente a las políticas nacionales como a la hora de pensar en nuevos proyectos de construcción regional.
El tema también esta tomando fuerza en las deliberaciones públicas y la idea de una nueva fase de la integración de América Latina emerge como punto focal de diferentes iniciativas sociales y académicas: “Reconstruir la integración latinoamericana” fue una de las principales conclusiones del Foro “El Reto Social de América Latina” organizado por el diario El País y la OEI. (octubre 2022). Allí, voces muy autorizadas llamaron a retomar este camino, entre ellas la señora Alicia Bárcena, exsecretaria Ejecutiva de la CEPAL y el Ex Presidente Ernesto Samper, último Secretario General de la UNASUR.
En el mismo sentido se han expresado encuentros regionales de sociedad civil como la Iniciativa Social de América Latina y el Caribe – ISALC que congregó más de 16 plataformas regionales de los principales movimientos sociales en los momentos más críticos de la Pandemia (2020 2021), tras el propósito de promover un plan común para contrarrestar los efectos de la crisis y sentar bases sólidas para evitar la repetición de sus efectos sanitarios y sociales. “Pandemia y Crisis Social en America Latina” (2021) recoge las propuestas de estos movimientos, los ejes de una agenda común de transformaciones necesarias y formula una propuesta de plan estratégico de carácter regional frente a la crisis.
Más recientemente (2022), se llevó a cabo el encuentro de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina, la Red de Constitucionalismo Critico de América Latina y la Iniciativa Social para America Latina y el Caribe, que convocó un conjunto de investigadoras e investigadores de diferentes países, interesados en desarrollar un nuevo constitucionalismo, capaz de interpretar las nuevas agendas de los pueblos y de los movimientos sociales. Además de proponer transformaciones en el ámbito de los estados nacionales, estas redes se propusieron la tarea de retomar y resignificar la propuesta de una carta de ciudadanía latinoamericana y la utopía de pensar los lineamientos de lo que debería ser una Constitución Política para América Latina y el Caribe, es decir, un nuevo derecho y nuevas instituciones comunitarias inspiradas en la afirmación de una identidad común desde una perspectiva transformadora.
Pero, además de estos indicadores de un contexto favorable, es necesario discutir la necesidad imperativa que se desprende de los problemas crónicos y emergentes de la región y del convulsionado contexto geopolítico y económico mundial. La integración es hoy por hoy determinante para abordar cuestiones estratégicas que difícilmente se pueden resolver sin un enfoque de acción regional.
La pandemia del Covid-19, por ejemplo, puso en evidencia los problemas estructurales del modelo de desarrollo en la región, sin que hubiera una respuesta solidaria ni una capacidad colectiva para afrontar las consecuencias multi dimensionales de sus manifestaciones y secuelas. Con pocas excepciones en la región se impuso la política de “sálvese quien pueda” y con ello se hizo patente el fracaso de la solidaridad entre pueblos hermanos.
Algo similar ocurre con los flujos masivos de migración forzada que recorren el continente, ocasionados por problemas de tipo estructural, pero que, salvo contadas excepciones, tienden a ser gestionados desde políticas preponderantemente nacionalistas que ofrecen más obstáculos que oportunidades y derechos a estos contingentes de población vulnerable. Se ha llegado al punto de levantar muros físicos e invisibles entre pueblos hermanos como ocurre hoy en la frontera de Haiti y Republica Dominicana y muchas fronteras se han convertido en puntos de división y conflicto antes que puntos de intercambio y unidad. En ausencia de una integración basada en fraternidad, prevalece la aporofobia como denomina Adela Cortina al rechazo selectivo de los más vulnerables.
Ni que hablar de la necesidad de la integración cuando se trata de buscar alternativas a la crisis del cambio climático y la responsabilidad que recae sobre la región en términos de preservar proteger la amazonia y los pueblos étnicos frente a las prácticas y las políticas que amparan la deforestación y el desplazamiento de los pobladores, en beneficio de agresivas economías extractivas o minero energéticas.
Integración en crisis o en receso?
La integración de América Latina y el Caribe expresa una utopía compartida. En términos generales existe una conciencia fuerte de historia compartida y de hermandad entre los pueblos, y no existe un solo país que se haya propuesto como aspiración una política equivalente al Brexit de Inglaterra. Pero a la vez, las experiencias de integración se han caracterizado por grandes asimetrías, la fragmentación de experimentos sub regionales, modelos de multilateramismo inspirados en criterios restrictivos y en algunos casos por el predominio de contenidos más formales que sustantivos. Esta diversidad de las tentativas y de los procesos revela una búsqueda persistente, pero a la vez indica una férrea voluntad de preservar los poderes fundamentales de los estados nación, sin avanzar significativamente hacia una agenda común y unas instituciones que la materialicen.
La actual CELAC ofrece un enfoque incluyente de la gran diversidad regional, pero no cuenta con instrumentos jurídicos, políticas e instituciones concretas. Por el contrario, en el nivel subregional, los procesos de integración Centroamericana, Andina o del Cono Sur, han desarrollado instituciones muy concretas, como el programa “Patria Grande” de Regularización Migratoria del Mercosur, la Universidad Andina Simón Bolívar o el Plan de Acción del Sistema de Integración Centroamericana SICA frente a la Pandemia del Covid-19. Sin embargo, no ha sido posible siquiera universalizar estas buenas prácticas para toda la región.
La UNASUR ha representado el proyecto más estratégico de integración en tanto se propuso como horizonte la adopción de una carta de ciudadanía latinoamericana. Pero esta experiencia surgida en 2008, en el contexto de la primera ola de gobiernos progresistas no resistió el cambio político y después de 10 años se hundió en una profunda crisis, tras el retiro de un grupo de gobiernos más alineadas al neoliberalismo, los cuales se plantearon otro tipo de ejercicios de agenda, pensada desde al paradigma de los tratados de libre comercio y no de la construcción de una agenda propiamente regional.
Hoy tiene sentido examinar estas experiencias en sus logros y sus cuellos de botella pero ante todo se requiere propiciar espacios de deliberación y de acción multilateral que permitan construir un nuevo paradigma de la integración latinoamericana, capaz de abordar las nuevas agendas y realidades de la región. De ello depende la naturaleza y la sostenibilidad de los nuevos procesos.
Claves para una nueva fase de integración regional
En el propósito de dar un paso adelante, es preciso considerar al menos las siguientes problemáticas que hoy se discuten en diferentes escenarios.
En primer lugar, es preciso reconocer que la integración regional no tiene un camino allanado y que la posibilidad de trascender los límites históricos de las experiencias conocidas implica activar recursos políticos y culturales más complejos. La integración solo podrá avanzar si se tienen convicciones profundas sobre su necesidad y conveniencia, si se logran activar fuerzas sociales y políticas en función de ese proyecto y si se avanza en la creación de agendas e instituciones comunitarias con un grado importante de autonomía relativa frente a los estados. Con mayor razón si se buscan procesos capaces de articular propósitos comunes en un ámbito Latinoamericano y del Caribe.
En segundo lugar, los procesos de integración deben avanzar con una agenda multidimensional, más allá del enfoque tradicional de expansión económica y comercial. Los propósitos comerciales y económicos son muy importantes, pero no pueden subordinar de entrada las demás agendas. Es necesario tomar distancia del imaginario predomínate que ve la integración como una cuestión de mercados y solo en segunda instancia como un proyecto político, social, ambiental o cultural. Entre otras cosas porque muy a pesar de que los ejercicios de integración han priorizado la dimensión comercial, Latinoamérica sigue registrando uno de los niveles más bajos de comercio intra regional. La sostenibilidad de la integración depende, desde este punto de vista, de la capacidad de extender los acuerdos y los avances hacia otros campos estratégicos que demanda la sociedad.
En el plano social el telón de fondo de la integración, debe ser la promoción de una cultura y un propósito de solidaridad que contribuya a superar la desigualdad social estructural característica de toda la región y que afecta a los grupos sociales y países que viven las más profundas asimetrías en materia de desarrollo. Una agenda social común pactada seria decisiva para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible trazados por la ONU y para asegurar de forma progresiva la universalidad de los derechos fundamentales básicos a nivel regional. De este modo la dimensión de ciudadanía latinoamericana iniciada por la UNASUR, complementaria sin contradecir, los desarrollos del Sistema Universal de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos propiciando su implementación regional.
La región podría contar por ejemplo con acuerdos de articulación de servicios esenciales como la educación superior, la salud pública o la seguridad alimentaria, con la pretensión de lograr una cobertura universal en todo su ámbito territorial. Para empezar se podrían universalizar regionalmente las buenas prácticas derivadas de los procesos de carácter subregional.
En el plano político la integración no tiene futuro si no logra compatibilidad con el pluralismo y el cambio político y si no consigue avanzar sobre acuerdos progresivos y no sobre modelos de integración hechos a imagen y semejanza de coaliciones de gobernantes alinderados ideológicamente. El punto de gravedad debe ser la construcción de una identidad comunitaria soportada en acuerdos e instituciones que ofrezcan resultados progresivos y verificables a nivel regional.
La integración tampoco puede ser un ejercicio del resorte exclusivo de los gobiernos como ha ocurrido tradicionalmente. La participación de la sociedad civil en los espacios comunitarios es una clave determinante para construir una identidad regional basada en el dialogo y el intercambio entre los pueblos y la piedra angular de la sostenibilidad de los ejercicios de integración frente al juego pendular de los procesos políticos y electorales. Los desarrollos pioneros de crear una CELAC Social y una UNASUR Social, deben ser la base para una política de inclusión de los diferentes movimientos sociales y de sus agendas en los procesos de integración. Así mismo la integración debe ser concertada con los grupos empresariales en una región con precaria integración de mercados y con grandes necesidades de transformación productiva acorde con las nuevas agendas. Al final del día los avances de los procesos de integración deberían dar lugar al surgimiento de expresiones políticas y de movimientos sociales de carácter regional.
Finalmente y para avanzar hacia este nuevo paradigma es importante reiterar algunas iniciativas que se han propuesto: Una de ellas tiene que ver con la creación de una Misión de alto nivel con representantes de los gobiernos, los organismos de integración existentes, las academias y los principales movimientos sociales, que tenga por objeto proponer un conjunto de criterios y una hoja de ruta conducente a instalar o relanzar un nuevo momento de integración regional. Del mismo modo se ha propuesto la necesidad de activar este dialogo con diferentes actores sociales e incluso en la realización de un Congreso de la Sociedad Civil y las academias de la región para profundizar el sentido de la identidad común y las características de la integración en el nuevo tiempo.
Marco Romero, Profesor Universidad Nacional de Colombia, Promotor ISALC
Foto tomada de: El País
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