El triángulo territorial del negocio: Antioquia (Itagüí), Nariño (Pasto), Norte de Santander (Cúcuta y Sabana de Torres).
Para entender lo sucedido es necesario describir que Grupos participaron en la adquisición de los carrotanques de la Guajira y el papel que realizaron en su diseño, trámite, ejecución y el aprovechamiento ilícito que supuestamente obtuvieron.
Primero el Grupo Empresarial Familiar López Brand; conformado por treinta (30) empresas entre ellas: Impoamericana Roger S.A.S.[1], de Luís Eduardo López Rosero[2]; Brand S.A.S.[3] de Sandra Liliana Brand Pantoja; KALMO S.A.S. de Karen Margarita López Brand y Luket S.A.S. de Karol Stefania López Brand, fueron utilizadas en la negociación.
Segundo por el Equipo de funcionarios de la UNGRD:
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, militante del Partido Conservador y del M-19 en Itagüí Antioquia, exsecretario de Medio Ambiente del Alcalde Carlos Andrés Trujillo González, fundador de Colombia Profunda; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, militante del Pacto Histórico; Pedro Andrés Rodríguez Melo militante de Alianza Verde, asesor Jurídico de la UNGRD, amigo de Luís Eduardo López Rosero y miembros del Club de La Bicicleta en la ciudad de Pasto.
Víctor Andrés Mesa Galván, militante del Polo Democrático Alternativo, exsubdirector General de Manejo de Desastres de la UNGRD; no estuvo de acuerdo por las relaciones no muy claras con Corpoantioquia, Corpouraba en negocios de Las Maquinaria Amarilla, Los Carrotanques de Bomberos, Los FIC, Tanques de Fibra de Vidrio y Las Ollas Comunitarias, razón por la que fue marginado de la entidad. Queda así muy claro que no es tan solo una relación con los Carrotanques para proporcionar agua a la Guajira, se debe entonces continuar las investigaciones sobre los anteriores negocios.
Tercero, La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público[4] que entre el 28 de noviembre y 15 de diciembre de 2023, aprobó trece (13) de los dieciocho (18) Conceptos presentados por Ricardo Bonilla González ministro de Hacienda y Crédito Público[5]; con ello se estaba garantizando la financiación de proyectos del plan de desarrollo económico y de mejoramiento social; garantizando la adecuada atención a la población afectada por los riesgos y desastres que afronta el país y deberían ser atendidos por La Unidad Nacional de Atención de Riesgos de Desastres, UNGRD.
27 de noviembre de 2023, Casa de Nariño, se realizó una reunión con la participación de los ministros Luís Fernando Velasco Chaves, Ricardo Bonilla González y Carlos Ramón González Merchán, para el trámite de doscientos ocho mil millones ($208.000 millones) para adicionar al presupuesto de la UNGRD, con el propósito de atender la emergencia climática.
El Gobierno le presento a la Comisión Interparlamentaria los días 28 de noviembre del 2023 cinco (5) proyectos; el 6 de diciembre un (1) proyecto; el 12 de diciembre tres (3) proyectos.
En cuanto a riesgos y desastres se propuso conceptuar favorablemente los proyectos elaborados por la UNGRD de: Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, por once mil setecientos millones ($11.700 millones); Saravena, departamento de Arauca por treinta y cinco mil seiscientos millones ($35.631 millones) y de Cotorra, departamento de Córdoba, por cuarenta y seis mil millones ($46.000 millones) para un gran total de noventa y dos mil millones de ($92.000 millones) con los que supuestamente se estaba consiguiendo los votos de los congresistas[6] para que el gobierno consiguiera que fuesen aprobado los proyectos de reforma Trabajo y de Salud.
La legislación que deberá tenerse en cuenta para analizar su actuación tendrá como referentes las leyes vigentes, en especial las Ley 123 de 1959, La Ley 18 de 1970, y La Ley 51 de 1989.
¿Mermelada de Papaya, Servida en Bandeja de Plata Caliente?
Los funcionarios de UNGRD el 12 de octubre de 2023, en el tiempo récord de ocho horas, recibieron la propuesta, la estudiaron y aprobaron en once (11) minutos, un negocio por cuarenta y seis mil millones de pesos ($46.000’); estableciéndose un extraordinario récord, gracias al incentivo, catorce por ciento (14%), sobre el monto del contrato, ofrecido por el empresario Luís Eduardo López Rosero. Así las cosas, la participación: para Luis Eduardo Rosero fue de catorce mil ciento sesenta y tres millones ($14.163 millones), para el resto de los funcionarios de la UNGRD siete mil ochocientos veintiún millones ($7.821 millones), de la que se redistribuyeron seis mil trecientos cuarenta y dos Millones ($6.342 millones) en coimas a otros beneficiados.
La Justicia Premiacional:
Las fiscales María Cristina Patiño y Andrea Muñoz, han acordado un principio de oportunidad: estos reconocen los delitos que se le imputan y a cambio han obtenido un acuerdo que incluye para: Olmedo de Jesús López Martínez, por concierto para delinquir y peculado, siete (7) años, un (1) mes y doce (12) días de prisión y la devolución de $724 millones; Luís Eduardo López Rosero, por falsedad ideológica y falsedad en documento privado, seis (6) años, ocho (8) mes y doce (12) y la devolución de $7.723 millones; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por concierto para delinquir y peculado, seis (6) años, seis (6) mes y nueve 9 días de prisión y la devolución de $618 millones; Edgar Eduardo Riveros Rey, Cinco (5) años, tres (3) meses, de prisión (por soborno al ofrecer $13.000’ Millones a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez) ; Pedro Andrés Rodríguez Melo, por concierto para delinquir y peculado, cuatro (4) años, diez (10) mes y diecinueve (19) días de prisión y Luís Carlos Barreto Gantiva, por peculado y soborno, tres (3) años, siete (7) mes y trece (13) días de prisión y la devolución de $150 millones.
Olmedo de Jesús López Martínez manifestó ante La CSJ que “Nos equivocamos, llegamos a cambiar y en unas ordenes nos cambiaron” los hechos encontrados muestran de manera clara que de forma inequívoca actuaron para realizar el delito que se les atribuye, que no fue una equivocación, que jamás tuvieron realmente la intención de cambiar la corrupción imperante al interior de la UNGRD y que realmente se acomodaron a las dádivas del contratista que durante quince (15) años venía trabajando con la entidad.
Es de reconocer que de parte del Gobierno Nacional, por intermedio del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, se pidió perdón al país, por haber nombrado a estos funcionarios corruptos; por intermedio de Andrés Idárraga Franco Secretario del DAPRE se instauro la denuncia penal correspondiente y se nombró a como nuevo director de la UNGRAD a Carlos Alberto Carrillo Zuluaga del Polo Democrático Alternativo integrante del Pacto Histórico, para que realizase un trabajo de investigación y denuncia y depuración de la entidad, revisión de los contratos realizados no solo con los actuales funcionarios de la misma, sino de gobiernos anteriores,(Ver los cuestionados contratos de Las Maquinaria Amarilla, Los Carrotanques de Bomberos, Los FIC, Tanques de Fibra de Vidrio y Las Ollas Comunitarias) y para continuar atendiendo las necesidades de los territorios afectados por el cambio climático.
Es preciso continuar dando riguroso cumplimiento a la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 sobre la gestión del riesgo de desastres y perfeccionar y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizando los cambios que ello requiera. De no hacerlo quienes pierden son los más pobres y necesitados de nuestro país, los damnificados del Choco y La Guajira por la emergencia climática.
Administraciones anteriores se hicieron de la vista gorda y omitieron actuar para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de los recursos del erario público. Ese es un cambio sustancial e importante del gobierno en el combate a la corrupción.
Finalmente, al gobierno no solo se le juzgará por tener la razón, por adelantar excelentes debates, sino por avanzar en el programa de gobierno que propuso a sus electores, traducido en un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida.
Queda por esclarecer lo ocurrido con los funcionarios con fuero constitucional que supuestamente dieron las ordenes, o conceptuaron favorablemente por los ofrecimientos recibidos y permitieron que así se presentara el detrimento patrimonial.
La Sala de Instrucción con ponencia del magistrado Francisco Javier Molina decidió abrir investigación contra Iván Leónidas Name Vásquez, del partido Liberal y Alianza Verde, presidente del senado y Andrés David Calle Aguas, del Partido Liberal, representante por Córdoba y quien ejercía como presidente de esa corporación, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros; igualmente llamó en indagatoria a cinco congresista de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y a un Ex Congresista[7] que participo en el periodo anterior. Afirma el togado que se creó una estructura que: “tenía por finalidad apropiarsen de forma general” de los recursos públicos de la Unidad. Entre otras cosas, sobornar con los mismos a algunos congresistas, en procura de que estos coadyuvaran en la aprobación de reformas legislativas que realizan trámite en el Congreso.
En aplicación del debido proceso que deberá realizarse de manera rápida y oportuna por la CSJ, actuando con toda rigurosidad contra quienes se les compruebe que actuaron por fuera de la ley; respetando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a la contradicción y a no ser condenados sin haber sido oídos y vencidos en juicio, como presupuestos de una eventual condena.
Si se llegase a demostrar que las acusaciones no tienen fundamento, también deberá aplicarse rigurosamente las sanciones penales y la pérdida del beneficio otorgado con la aplicación del principio de oportunidad.
Todos estos hechos sean ciertos o no, lo que deberá probarse en el proceso, es innegable el impacto negativo, por la desconfianza que se ocasionaran al trámite de las reformas que realizan su trámite en el Congreso y que deberán continuarse independientemente de lo que acontezca en el proceso en curso.
De otra parte y para atender el proceso penal Olmedo de Jesús López Martínez designó al abogado José Luís Moreno Caballero de la empresa Muva Legal y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez nombro a Luís Gustavo Moreno Rivera[8], exdirector Nacional Anticorrupción y hermano mayor del anterior.
En materia fiscal, la Contraloría General de la República realizó investigación preliminar con el proceso 85112-2024-45980 del 21 de febrero de 2024; en este indicó que el detrimento patrimonial alcanzó un valor total fue treinta y nueve mil trecientos veintisiete millones ($39.327’), el valor real treinta y un mil quinientos sesenta y siete Millones ($31.567’) y siete mil setecientos sesenta millones ($7.760’) , de sobrecosto por lo cual realizará el juicio de responsabilidad fiscal por un total de cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres millones ($47.333’).
“Primera ley: No dar papaya. Segunda ley: Aprovechar cualquier payaso”.
Solo comentaré la primera parte, este dicho popular muy bogotano, surgido en el contexto de la violencia y la inseguridad, que azotaba a Colombia en los años 90; se popularizó en la radio, la televisión y la cultura popular, y, se convirtió en un refrán común; en una advertencia sobre la importancia de gestionar en especial de situaciones riesgosas o desastrosas siendo cuidadosos, cautelosos, estudiosos, analíticos y de actuación oportuna rápida y eficaz en el tratamiento de temas importantes y/o urgentes, y, se aconseja no dar oportunidad o propiciar que personas mal intencionadas, estafadoras y aprovechadoras en materia economía y política, aprovechen las fallas o errores; en la política, en los negocios y en la cotidianidad. Su importancia es muy clara y conlleva una rápida y contundente respuesta a la situación que debe ser resuelta.
Legal Visiones
P.D. Continuaré el análisis de la situación de los aforados constitucionales en posteriores artículos.
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[1] Roger Pastas Fuertes, Representante Legal
[2] El Pastuso o El Karateka
[3] Mario Andrés Obando Romero Representante Legal
[4] Compuesta por seis (6) miembros, (3) de la Cámara de Representantes, y tres (3) del Senado de la República, elegidos por las Comisiones Terceras Constitucionales del Congreso.
[5] Miembro de Colombia Humana
[6] Juan Diego Muñoz Cabrera, Alianza Verde Pacto Histórico del Meta; Julián Peinado Ramírez, Liberal de Antioquia; Karen Astrith Manrique Olarte, de Intercultutral y Regional; Liliana Esther Bitar Castilla, Conservadora de Córdoba; Wadit Alberto Manzury Imbett, Cambio Radical de Córdoba.
[7]Juan Diego Muñoz Cabrera, Alianza Verde Pacto Histórico del Meta; Julián Peinado Ramírez, Liberal de Antioquia; Karen Astrith Manrique Olarte, de Intercultutral y Regional; Liliana Esther Bitar Castilla, Conservadora de Córdoba; Wadit Alberto Manzury Imbett, Cambio Radical de Córdoba.
[8] Condenado en el Caso denominado “El Cartel de la Toga”, cumplida su pena retomó su ejercicio como abogado.
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Foto tomada de: Red + Noticias
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