De fondo, la gravedad del asesinato de personas defensoras de DDHH no radica en la dispersión de cifras, ni en la existencia de diferentes metodologías para monitorear y medir el fenómeno, que lleven a presentar la unificación de estadísticas como novedad para contribuir a resolverlo. La crisis radica en la persistencia de esa violencia y la incapacidad para detenerla.
Estocada final contra el Acuerdo de Paz
Si el gobierno quisiera avanzar en ese sentido, cuenta con herramientas jurídicas, políticas, normativas e institucionales contempladas en el Acuerdo de Paz, para hacerlo, como lo hemos explicado en estas páginas[1]. Pero no lo hace, porque no le interesa. El sub punto 3.4 del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 contempla un marco de política pública de garantías de seguridad humana dirigida a proteger la vida de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, ex combatientes y comunidades vulnerables de los territorios con alta conflictividad y violencia.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es uno de esos instrumentos, creada para diseñar la política de desmonte del paramilitarismo y demás grupos criminales. Sin embargo, no está funcionando, no es prioridad del gobierno trabajar en ese sentido. La ha convocado a sesionar, presionado por las circunstancias, pero sus reuniones se diluyen en debatir procedimientos y reglamentos, antes que discutir la construcción de la política encomendada, a pesar de que la JEP ya le exigió presentarla.
La Unidad Nacional de Investigaciones, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, creada también en el marco del Acuerdo de Paz, sí está funcionando, sólo que sus resultados, es decir, las cifras relacionadas con las investigaciones a homicidios de líderes y lideresas sociales, son instrumentalizadas a conveniencia del Fiscal de turno, para responder a la presión mediática, antes que contribuir a transformar la cruel realidad, esto es, al desmantelamiento del crimen organizado, como lo establece su misión.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, igualmente fue fortalecido con el Acuerdo de Paz, especialmente en el mecanismo de respuesta por parte del gobierno nacional, a partir del Comité Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT- de tal manera que los llamados de emergencia no quedaran en el aire. No obstante, los resultados son pobres y la misma Defensoría del Pueblo ha tenido que emitir informes para evidenciar la consumación de centenares de casos advertidos por el Sistema de Alertas Tempranas[2].
Sin pesos ni contrapesos
Puede sonar loable y hasta estratégico que entidades del orden ejecutivo y estatal se alíen para enfrentar una situación crítica, con el sentido de colaboración enunciado por la Constitución Política. Sin embargo, en el caso de la unificación de las cifras, en mención, dicha cooperación en lugar de ser un complemento, servirá para disuadir del problema y desvirtúa el papel de cada uno de los organismos comprometidos.
Hasta el momento, el papel que viene cumpliendo la Defensoría del Pueblo con el sistema de información sobre asesinatos a líderes y lideresas sociales, es valioso y contribuye a evidenciar esa dolorosa realidad. Sin embargo, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el actual, nunca se sintieron cómodos con las cifras emitidas por la entidad, en cabeza del Defensor, Carlos Alfonso Negret, a tal punto de ser desconocidas tanto por el Ejecutivo como por la Fiscalía General. Prefirieron apelar a las estadísticas de un organismo internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando lo natural es que reconocieran las emitidas por la fuente estatal.
Hoy, la entidad está en manos de Carlos Camargo, ficha del gobierno nacional y por tanto, obsecuente con sus pretensiones, más que por los preceptos de derechos humanos y humanitarios. Así, la unificación de cifras viene como anillo al dedo para despojar a la Defensoría de su autonomía en la medición del fenómeno de violencia contra los liderazgos sociales y restarle valor al Sistema de Alertas Tempranas, fortalecido en el Acuerdo de Paz. Con esta maniobra, se comienza a evidenciar las advertencias hechas por el movimiento de DDHH relacionadas con los peligros que corría la Defensoría al quedar en manos del Centro Democrático.
La Fiscalía General por su parte, manipula las cifras de investigaciones sobre homicidios contra personas defensoras, para mostrar efectividad en su labor de misional y responder a las presiones políticas y mediáticas. De ahí el famoso esclarecimiento del 50, 58 y ahora 63% en las investigaciones, cifras por demás falsas pues el real esclarecimiento llega a lo sumo a un 15%. Además, que de ser ciertas, no se corresponden con el desmantelamiento del crimen organizado que estaría detrás de los asesinatos de estas personas.
Francisco Barbosa cuando fue consejero presidencial para los derechos humanos, también manipuló las cifras para mostrar el descenso de la problemática y evidenciar los supuestos avances en las políticas del gobierno de Iván Duque en protección a líderes sociales, lo cual no fue cierto[3]. Hoy, al frente del órgano de investigaciones penales, su comportamiento es igual de perverso, al pretender liderar la unificación de cifras de homicidios de líderes y lideresas, a partir de su información, sabiendo que justo, utiliza las estadísticas más bajas de todas la entidades que hacen seguimiento al fenómeno, y despojando de paso, el acumulado y experiencia ganada por la Defensoría del Pueblo. Tampoco se entiende por qué la Fiscalía se va a dedicar a monitorear y cuantificar el fenómeno, cuando su papel es investigar y dar cuenta de quiénes están detrás y contribuir a resolverlo. Esa labor la deben hacer entidades independientes.
Entre tanto la Procuraduría General, por su parte, debe cumplir un papel de disciplinadora de funcionarios públicos que por acción u omisión facilitan la agresión contra personas defensoras. El Procurador Carrillo no avanzó en este sentido, pero lideró una campaña de sensibilización y reconocimiento del valioso papel de los líderes y lideresas sociales en una democracia. Con carácter de independencia y como ente de control e investigación, cuestionó la debilidad del Estado para enfrentar el problema, lo cual no dejó de ser paradójico, siendo él mismo, representante del Estado en ese momento.
Sin embargo, con el anuncio del Presidente, de que la Procuraduría será parte del entramado de unificación de cifras, su papel de investigador de la función pública, también se desdibuja y queda sujeto a los caprichos del Fiscal Barbosa y el gobierno nacional que a través del Ministerio del Interior, no han cesado en su interés de negar el alcance de la problemática y reducir las cifras, para mostrar avances inexistentes, a pesar de la contundencia del fenómeno.
En conclusión, con esta treta de unificación de cifras presentada por Iván Duque, el Centro Democrático pretende una “carambola” a tres bandas: una, restarle fuerza a los mecanismos de DDHH creados por el Acuerdo de Paz y que aún están funcionando; dos, crear un sola voz desde el gobierno y Estado para mostrar artificiosamente la reducción del problema a partir de cifras manipuladas; y tres, quitarle los contrapesos del Estado a su gobierno, para caminar tranquilo hacia la hegemonía alcanzada en los órganos de gobierno, investigación y control del país, y acabar de paso, con la incómoda fórmula de equilibrio en una democracia: los pesos y contrapesos.
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[1] Corporación Sur. 7 de diciembre de 2020. ¿Estado fallido o traición a la paz? Recuperado de:
[2] Verdad Abierta, 9 de agosto de 2020. Garantías de no repetición, materia reprobada por el gobierno nacional. https://verdadabierta.com/garantias-de-no-repeticion-materia-reprobada-por-el-gobierno-nacional/
[3] Uprimny Rodrigo. Agosto 4 de 2019. Cifras mortales. Dejusticia. Recuperado de https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/.
Diana Sánchez Lara
Foto tomada de: La FM
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