Sobre Venezuela
El gobierno de Duque priorizó la actuación frente a las crisis venezolanas para lo cual se alineó con el gobierno estadounidense, pese a que los intereses de Colombia son radicalmente distintos de los que tiene el impredecible Donald Trump quién está dispuesto a jugarse el todo por el todo en pro de su reelección.
El gobierno Duque ha sido ambiguo y/o ha desestimado la participación o el apoyo al acercamiento y negociación entre los distintos sectores venezolanos para concretar una salida pactada de una transición pacífica que permita hacerle frente a las crisis acumuladas. Se ha aliado con un sector de la fragmentada oposición y arropa a quienes privilegian una acción externa frente a esa crisis humanitaria compleja, pese a que puede tener costos y efectos impredecibles incluso sobre Colombia.
Mientras Duque anunciaba en tono triunfalista que en cuestión de horas se produciría la caída de Nicolás Maduro, sectores de oposición lanzaban una estrategia de estímulo a la división en las filas militares, de alzamiento de la población, de sanciones y de cerco diplomático que ha sido contraproducente al ayudar a agravar las crisis venezolanas en lugar de abrirle paso a la negociación.
De esa estrategia hicieron parte varios intentos en 2019. En enero, Juan Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional con mayoría opositora fue exaltado a presidente “encargado” de Venezuela y muy pronto fue reconocido por más de 50 gobiernos. En febrero, se realizó el concierto para presionar la entrada desde Colombia de donaciones humanitarias a Venezuela, pero estas quedaron bloqueadas en los pasos fronterizos en medio de violentas escenas. En abril, se produjo un fallido intento de rebelión militar. En junio, sectores opositores impulsaron un campo de entrenamiento en la población colombiana de Maicao para empezar a darle forma a una operación militar quirúrgica con el fin de remover a Maduro, y el 3 de mayo de 2020, al llegar a Venezuela desde Colombia, fracasó la llamada Operación Gedeón con venezolanos exiliados, antiguos miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y la empresa contratista de seguridad privada que había “protegido” el concierto de febrero. Esa estrategia afincó aún más en el poder al régimen chavista, agudizó la tensión binacional y le dio argumentos a Maduro para mostrar la dramática situación venezolana como producto de la injerencia externa.
Antes que fortalecer al Grupo de Lima para coordinar una posición de la región, Duque se apartó de su declaración en contra del uso de la fuerza, para resolver las crisis venezolanas, lo trató de involucrar en esa estrategia opositora e invitó a Estados Unidos a sus reuniones. El Grupo se fue fisurando y perdiendo relevancia.
Es decisivo que el gobierno de Colombia evalúe el acumulado de desaciertos dañinos para ambos lados, revalúe su estrategia hacia Venezuela y construya una política de consenso nacional que ayude a la negociación entre venezolanos hacia una transición pacífica y democrática, que resulta esencial también para avanzar en la construcción de paz en Colombia.
El drama fronterizo
Ni Duque ni Maduro, como tampoco sus cancilleres, han tenido en cuenta que Colombia y Venezuela -cada uno el mayor vecino del otro- comparten poblaciones, interacciones fronterizas y económicas así como crecientes problemáticas que exigen canales permanentes para su tramitación. Hasta en las peores tensiones se mantienen espacios de interlocución para buscar soluciones.
Desde Caracas y Bogotá actúan como si la frontera se redujera a una línea limítrofe que actúa como una cremallera. Maduro ordenó, el 19 de agosto de 2015, “cierre total” (peatonal, de vehículos y mercancías). El 5 de octubre de 2016, abrió algunos al paso de carga comercial, y luego autorizó el tránsito de mercancías entre La Guajira – Zulia y, el paso de personas en horario restringido. El 23 de febrero de 2019, Maduro impuso un nuevo bloqueo. Con la pandemia, Duque ordenó el 13 de marzo de 2020, “cierre de fronteras”.
Esos cierres de fronteras se traducen en la renuncia intergubernamental a regular los flujos entre los dos países por los 7 pasos formales que existen en una línea limítrofe de 2.219 km, obligando a los transeúntes sociales y económicos a pasar por trochas informales que la criminalidad controla a su favor con extorsión, trata de personas, explotación sexual, etc. Deja así a las poblaciones compartidas y a quienes viven a ambos lados de la frontera sometidas a abusos de todo tipo de grupos criminales que imponen regulaciones a flujos binacionales y transfronterizos.
Desconocen las etnias y ecosistemas compartidos, las poblaciones binacionales, las zonas con-urbanadas, las problemáticas de seguridad articuladas, y toman decisiones sin considerar esas relaciones transfronterizas, algunas de las cuales son ancestrales. Esos cierres han estado acompañados de la suspensión del sistema consular que agrava la situación de las personas de un país que viven en el otro, y de la ruptura de las relaciones diplomáticas y de la destrucción de todo el andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad.
Al anular todos los avances logrados cuando ambos países hacían parte de la Comunidad Andina, han destruido la complementación productiva y de inversiones, que en su momento generó un entrecruzamiento mutuamente ventajoso de las dos economías, con una circulación legal de mercancías y servicios, de inversiones, complementación industrial, intenso comercio, etc. Someter esos flujos económicos a las trochas aumenta el contrabando, la corrupción, la pobreza y le da fuerza a los grupos criminales que actúan a ambos lados de la frontera.
Ni siquiera el reto de la pandemia, que ha agravado la situación fronteriza, ha generado esfuerzos de coordinación. No tuvo continuidad la conversación posibilitada por la Organización Panamericana de la Salud sobre acciones conjuntas. Antes que profundizar la tensión, es urgente fortalecer la acción integral del Estado coordinada con las autoridades de las zonas fronterizas, con las cámaras de comercio, con las comisiones de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y las fronteras, con las organizaciones sociales, comunitarias, que hacen atención humanitaria, y con las redes académicas que han venido fortaleciendo nexos positivos entre los dos países.
Migración y retorno
Pese a esfuerzos gubernamentales apoyados por organismos internacionales para legalizar la situación migratoria, reconocer nacionalidad a los hijos de venezolanos que nazcan en Colombia y el acceso de unos 200.000 niños venezolanos a la educación, la pandemia puso de presente una grave acumulación de problemas que refuerzan la vulnerabilidad de los venezolanos más pobres en Colombia y de colombianos que retornaron de Venezuela.
Según la encuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), 91% de los venezolanos que viven en Colombia y que fueron encuestados, reportaban que su principal fuente de ingresos era el trabajo remunerado; con la pandemia bajó al 20%. Buena parte de quienes tenían contratos no contaban con todas las garantías y la mayoría trabajaba en la informalidad. Aún con todas esas limitaciones, conseguían ingresos para vivienda, comida y envío de recursos a sus familias en Venezuela. Con la pandemia, la mayoría no tiene ninguna entrada económica, 53% dijo necesitar ayuda para pagar arriendo, pues han sido botados de pagadiarios y han tenido que buscar refugio en las calles o parques donde son señalados como amenaza. Ya en diciembre 2019, la encuesta Invamer Gallup-Poll, mostraba que el 69% de los colombianos encuestados aseguraban tener una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado para quedarse. Con la pandemia ese sentimiento ha aumentado la estigmatización señalándolos como factor de riesgo e inseguridad.
Aunque se instalaron algunos corredores humanitarios, la mayoría de venezolanos que regresan desde Perú, Ecuador y Colombia lo han hecho a pie por trochas irregulares o en buses contratados sin los debidos permisos, sin controles de sanidad, sin protección ni ayuda, lo que aumenta la situación de vulnerabilidad. En la frontera ha habido represamiento. El régimen de Maduro limita el número de personas, días de la semana, sitios para que entren los que quieren retornar y los señala como bombas de virus mandadas por Colombia o como traidores que abandonaron la patria. Cuando entran a Venezuela, algunos son llevados a albergues temporales pero como en la mayoría de casos estos no cuentan con las condiciones ni con los elementos básicos, muchas personas prefieren seguir y buscar a sus familiares. Al retornar tienen pocas oportunidades de reubicarse y sufren los problemas de hacinamiento, escasez de alimentos y medicinas, pobre acceso a agua potable o energía eléctrica.
Colombia tiene que reforzar una política proactiva frente al éxodo desde Venezuela que va a ser un proceso prolongado. Hay que prepararse para su inserción positiva y en las mejores condiciones. No es como algunos creen, que cae Maduro y todo se transformará. Una negociación y acuerdo entre diferentes sectores venezolanos para la transición en Venezuela no se abrirá paso pronto ni fácil. Solo cuando se consolide ese proceso podría comenzar la reconstrucción institucional, económica, social de ese país, que llevará años o décadas. Entre los migrantes hay muchos jóvenes que irán echando raíces en el país que los acoja al que le aportan una fuerza fundamental si logran una buena inserción educativa, laboral, y obtienen oportunidades, derechos y reconocimiento a sus aportes.
El Estado colombiano requiere coordinar sus esfuerzos con la iniciativa privada y la cooperación internacional pues puede haber un nuevo retorno hacia Colombia de venezolanos y colombianos con familia binacional y un nuevo flujo significativo de migrantes; tiene que ayudarle a los gobiernos fronterizos a hacerle frente al embudo migratorio y a sus impactos en especial en el sistema de salud; tiene que superar la mirada de corto plazo pues la migración no es solo un reto de asistencia de emergencia.
Muy importante que el gobierno Duque haya votado favorablemente en Naciones Unidas el pacto mundial migratorio, y que desde las regiones se le haga un seguimiento a los proyectos de ley sobre migración y fronteras que cursan en el Congreso de Colombia. Se requiere un gran esfuerzo nacional para enfrentar el acumulado y la nueva problemática migratoria.
Revivir esfuerzos por reenfocar problemática de las drogas
Trump le hizo varios reclamos a Duque sobre incumplimiento de promesas que había hecho en las conversaciones con autoridades norteamericanas de resultados en la lucha contra los cultivos de coca y la exportación de cocaína a Estados Unidos. Duque se aferró entonces a la estrategia antidrogas de Trump que, antes que reducirlos, aumenta y agrava la producción, distribución y consumo sin atender asuntos urgentes de desarrollo, salud, educación.
El ministro de Defensa anunció que en Colombia se revive la fumigación aérea. Así se concentran en el eslabón más débil tratando con armas y venenos los cultivos para mercados ilícitos, que son resultado de falta de opciones en la periferia nacional. La canciller colombiana llama “pasividad” al giro crucial de la política de drogas impulsado desde espacios multilaterales y que empezó a tomar forma en Colombia y otros países a partir de evaluaciones de expertos y de oír a comunidades afectadas. Desestima que el giro incluya asuntos cruciales: -mejorar capacidades del Estado y la sociedad para controlar el rentable narcotráfico como el blanqueo de dinero, que corrompe a diversos sectores y da fuerza a grupos criminales, -hacerle frente de mejor forma a todo lo que estimula el consumo, -reforzar la presencia integral del Estado en zonas tan afectadas como las fronterizas evitando que la manera como enfrenta la situación las vulnere aún más.
Aunque el gobierno Duque firmó acuerdos ambientales, al revivir la peligrosa fumigación aérea con glifosato de las plantaciones de coca y el fracking para extraer petróleo, se acelera la degradación del medioambiente, del recurso hídrico, de la contaminación por la explotación minero-energética, por la minería ilegal, por la ganadería extensiva.
Rara resultó la abstención del gobierno colombiano en la ONU sobre la Declaración de derechos del campesino a la tierra, protección de sus conocimientos productivos tradicionales y de sus formas culturales, o el derecho al uso de las semillas que ellos producen, esenciales en una política efectiva frente al problema de las drogas. Es con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, con el refuerzo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de la construcción de paz territorial, eje crucial del Acuerdo de paz con las Farc, como el Estado puede revertir situaciones que alimentan esa problemática.
Todos los esfuerzos en la construcción de paz
Las amenazas gubernamentales de objetar, reformar o negar aspectos centrales del Acuerdo de Paz con las Farc, como la Justicia Especial de Paz, y de volver a la política de seguridad democrática de Uribe, han generado preocupación en países y organismos europeos que apoyan la implementación de lo pactado. Así se ha visto en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.
Lástima que el gobierno desestimó los avances logrados hasta agosto 2018 en desarrollo de la agenda de la Mesa de negociación del Gobierno de Santos con el ELN para ponerle fin al conflicto armado. Luego del brutal atentado de ese grupo contra la Escuela Militar, que dejó más de 20 personas muertas, levantó la Mesa pero incumplió los protocolos para el retorno de la delegación negociadora de ese grupo. Se enfrentó a Cuba que ha sido decisiva para que Colombia avance en la inaplazable construcción de paz y permitió que la permanencia en la isla de esa delegación guerrillera que atendía la negociación, fuera usada para meter a Cuba como país que no coopera en la lucha antiterrorista y para mantener el nefasto sistema de medio siglo de sanciones y aislamiento violando el derecho internacional.
Clave que Duque haya aceptado la continuación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas; lamentable que no haya atendido la petición del Consejo de Seguridad de la ONU de establecer tregua de los conflictos armados para no agravar los desastres humanitarios, y estos se siguen generando incluso bajo la pandemia.
La segunda parte del gobierno de Duque debería estar consagrada a parar el alarmante asesinato de líderes y excombatientes en especial en esos territorios marginales, a multiplicar el esfuerzo estatal ante todo lo que hace proliferar esos grupos armados ilegales. Y a parar la polarización nacional pues Colombia necesita hoy más que nunca reforzar la construcción de paz.
Crecen los cuestionamientos internacionales
En el Congreso de Estados Unidos se ha visto aumento de la preocupación con respecto a los intentos del uribismo de echar atrás el Acuerdo de Paz. Entre demócratas que ganaron la mayoría de la Cámara en las elecciones de 2018, e incluso en el Senado controlado por el Partido Republicano se han venido multiplicando las reacciones al respecto. Así lo hizo el senador del Comité de Apropiaciones, Patrick Leahy.
El 6 de julio de 2020, una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, fue firmada por 94 legisladores demócratas pidiéndole al gobierno de Duque cumplir el Acuerdo de Paz, llevar el Estado a las zonas de conflicto, proteger a los líderes sociales y activistas de derechos humanos que vienen siendo asesinados incluso en la pandemia, coordinar una reacción unificada de todas las agencias de Estados Unidos para que se investigue y condene a los responsables y autores de esa ola de asesinatos, y dar asistencia financiera a Colombia para implementar el Acuerdo de Paz, atender la emergencia humanitaria de los migrantes venezolanos y la crisis de salud y alimentación que está provocando la pandemia. Días después fue aprobado el proyecto de ley del presupuesto de ayuda exterior para 2021, que destina recursos de Estados Unidos para apoyar la paz y los derechos humanos en Colombia.
El 21 de julio, la Cámara aprobó la Ley de Autorización de Defensa de 2021 con ajustes a la Ley del Pentágono y de las fuerzas armadas estadounidenses, e incluye dos enmiendas sobre Colombia. 1) Pide a los secretarios de Estado y de Defensa y el director de Inteligencia Nacional presenten un informe sobre las acusaciones de uso de ayuda estadounidense para vigilar ilegalmente a la población civil, incluyendo a defensores de derechos humanos, opositores políticos, personal judicial, periodistas. 2) Establece límites al apoyo que brinda Estados Unidos a la fumigación aérea con glifosato de las zonas con cultivos de coca.
Las fuertes divergencias entre la administración Trump y la Cámara sobre Colombia se manifiestan pues en temas claves como el incumplimiento del Acuerdo de paz, las violaciones de derechos humanos, e incluso sobre la estrategia antidrogas. Ya no es posible que congresistas republicanos presionen para aumentar la ayuda militar y la fumigación en Colombia, como lo hicieron en los años noventa con la administración Clinton. La segunda parte del gobierno Duque puede coincidir con un giro importante de la política en Estados Unidos.
Retorno a la región
Algunos uribistas ven “castro-chavismo” en cualquier iniciativa de acercamiento regional a Venezuela aferrados a la idea que no es posible tener buenas relaciones con gobiernos de otra ideología.
El gobierno de Duque ha ido asumiendo un costosísimo aislamiento regional que Colombia ya vivió con graves daños de abandonar la indispensable coordinación con la región. Apoya a Mauricio Claver-Carone, un cubano-estadounidense radical, asesor de Trump en asuntos latinoamericanos, y ahora su carta para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Rompe así la tradición de que un latinoamericano lo presida para que la región pueda mostrar en organismos económicos globales sus propias realidades e iniciativas y lograr apoyos como los que requerirá una vez pase la pandemia. Aumenta la oposición a esa candidatura mientras crece la petición de aplazamiento de la asamblea del BID prevista para el 12 de septiembre, hasta después de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.
La actual canciller dice que deciden en lo global de acuerdo con su membresía a la Ocde. Pero sin buena relación con América Latina y el Caribe y sin coordinación con autoridades y poblaciones ubicadas en esas zonas, es imposible que Colombia pueda asumir su múltiple pertenecia al Caribe, al Pacífico, a la Amazonia, a los Andes, y menos aún incidir en la agenda de cooperación y desarrollo.
La presidencia de la Comunidad Andina de Naciones resultó más rutinaria que efectiva. La Alianza del Pacífico, o el acercamiento al Gran Caribe se han reducido a ocasionales asomos gubernamentales. En lugar de ayudar a que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) saliera de su crisis y rescatara la capacidad de diálogo y acción suramericana que había logrado, el gobierno la acusó de cómplice de la dictadura venezolana. Carlos Holmes Trujillo como canciller anunció la salida de Colombia de Unasur e informó que con Chile impulsaban en su reemplazo a Prosur.
Ir en contravía de la construcción de un acercamiento regional deja sin mayores desarrollos la promesa que hizo Duque de diversificar e internacionalizar la economía colombiana.
Costosa ideologización
Sectores radicales del Centro Democrático han ideologizado la política exterior, muchas veces en contradicción con la política internacional que Colombia fue construyendo y hasta con el gobierno Duque. Así se han expresado en algunas declaraciones o iniciativas de funcionarios del gobierno que parecieran impulsar su propio interés y su agenda política.
Duque prometió no ideologizar la política exterior ni usar los nombramientos en tareas internacionales como parte del clientelismo político. La canciller ha informado que en 2020, el 29% de los embajadores de Colombia serán de carrera diplomática y que la meta es llegar al 50% en 2022. Sin embargo, han predominado los nombramientos hechos bajo la lógica de la política interna y no de la política exterior, para establecer alianzas políticas y devolver favores electorales. Francisco Santos usó la representación de Colombia para hacer lobby en Estados Unidos contra decisiones de la justicia colombiana, cuando en carta a un juez federal norteamericano le pidió dejar salir de la prisión a Andrés Felipe Arias, conocido como “Uribito” por ser el consentido del expresidente, quien estaba pedido en extradición por la Corte Suprema de Justicia como prófugo de la justicia colombiana. En la OEA el embajador Ordoñez dijo que la emigración de venezolanos es una estrategia de expansión del chavismo.
En momentos en que Trump tomaba graves medidas contra Palestina, Holmes como primer canciller de Duque, anunció que examinaría las implicaciones del reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Por fortuna la decisión del gobierno anterior no fue reversada, pero el mensaje enviado hizo daño.
Los casi 20 viajes del presidente Duque fuera del país en sus primeros meses de gobierno generaron desconcierto y reacciones porque estaban cargados de anuncios que se diluían al examinar los pocos o contradictorios resultados. Con China, el gobierno habló de gestiones ante las crisis venezolanas y por la economía naranja, y terminó reduciendo la visita a que Colombia le va a vender aguacates y banano a la potencia. En su tour por Europa, al rey de España le dijo que Uribe, su jefe político, lo mandaba a saludar. Presidente Duque, el giro de la política exterior es una urgencia nacional!
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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