Esta columna surgió luego de escuchar la entrevista que Cambio le hizo hace pocos días a la médica Deyanira Gómez, quien fue compañera de Juan Monsalve ex paramilitar vinculado al caso del expresidente por falsos testigos y fraude procesal. En este proceso el exfiscal general Eduardo Montealegre, mostró la conexidad de este caso con delitos de lesa humanidad cuando Uribe mal gobernaba a Antioquia y luego a Colombia.
La inteligencia de la médica, su valentía, la difícil situación que vive en el exilio, único camino posible para evitar un atentado contra su vida y la de sus hijos porque como ella dice todo el que se opone a Uribe termina mal, pues ya lo vivió cuando fue despedida sin justa causa como médica de Coomeva. La convicción de la médica es ejemplo de coherencia, valor y principios.
Tiene la convicción de que Uribe debe pagar por tantas miles de víctimas y de muertos que se le pueden imputar como determinador ejecutivo (daba las órdenes a quienes debían pensar y ejecutar bárbaras acciones en el marco de la seguridad democrática y así garantizar la cohesión social que nadie inteligente y sensato jamás entendió), determinador político (ideología de ultraderecha que difunde una cultura que no tolera ni el liberalismo social ni el capitalismo progresista), o determinador económico (captura de tierras a sangre y fuego agazapada en el sofisma de la confianza inversionista).
Una vez se hizo pública la entrevista, Uribe hizo un X donde decía que ella se había exiliado en Canadá, es decir, tiene ubicado el país donde se encuentra, por tanto, debe cuidarse porque le puede suceder lo mismo que a tanto testigo que se fue de esta vida por atreverse a denunciarlo o porque su paranoia lo consideraba una amenaza.
El amparo que le dio la fiscalía de Barbosa y de Mancera, que insistieron en la preclusión, pero que dos juezas evitaron ante la irracionalidad de los fiscales, también respaldados por la Procuraduría. Las marrullas jurídicas al amparo de la ley 906 permite interminables instancias que pueden llevar al vencimiento de términos. Es el caso de este proceso, que lleva doce años y aún no termina. Los abogados de la defensa de las víctimas lo saben, por eso, encontraron la conexidad que existe entre el fraude procesal y los falsos testigos con delitos de lesa humanidad (masacres y asesinatos selectivos), haría imposible el vencimiento de términos.
Fiscalía de la impunidad
El caso contra Uribe, una vez la Corte Suprema dijo que había méritos para abrir investigación, ha tenido el siguiente trámite desde cuando renunció al Senado de la República huyendo de la Corte. La Fiscalía asumió con garantías plenas su defensa, competencia que no tiene puesto que su prioridad es defender a las víctimas considerando que los veinte falsos testigos se los inventaron él y su aboganster, y no el senador Iván Cepeda.
Fiscal 1 abre investigación, y Jueza 1 dice que hay méritos para avanzar.
Fiscal 2 revisa el proceso y decide preclusión, pero Jueza 2 dice que no es posible, y el Tribunal de Cundinamarca tampoco decide a favor de Uribe.
Fiscal 3 vuelve a revisar y pide preclusión, y Jueza 3 decide que no.
Fiscal 4 revisa y decide que hay condiciones para llevar a Uribe a juicio. Los días 17 y 24 de mayo de 2024 serán las audiencias. Seguramente la defensa de Uribe apelará ante el Tribunal de Cundinamarca, y a partir de ahí podría haber una, dos o tres instancias judiciales más antes de la inevitable condena.
Paz y reconciliación, pero antes justicia y verdad
Un político menor del uribismo, vinculado a un proceso por corrupción, envió al presidente de la república una petición para que presente al Congreso de la República una ley mediante la cual se busca la amnistía para todos los corruptos, terceros y violentos de Colombia, excepto los guerrilleros. Inmediatamente Uribe dijo que debe haber una ley de punto final para que sus exfuncionarios pudieran volver a ocupar cargos públicos. Es decir, alfiles, caballos y torres del uribismo, de regreso al tablero de lo público. El presidente Petro rechazó en un X esa petición, sin embargo, el ministro de gobierno dijo que se podría estudiar. Virgen del Agarradero salva a Colombia de tanto patojo dudoso.
Pues bien, ese borrón y cuenta nueva no puede suceder con todos los actores de la violencia y la corrupción mientras no se conozca la verdad de los más espantosos hechos criminales y penales que cometieron u ordenaron. Si se hace un perdón y olvido general sin conocer por qué, cómo y cuándo se cometieron tantos delitos, Colombia no se podrá recomponer porque todas las causas, hechos y escenarios futuros de la corrupción y la violencia, seguirían tal cual, considerando que las razones estructurales: sociales, económicas, políticas y tecnocráticas serán las mismas, es decir, no acabarían, por el contrario, ante la impunidad se incrementarían y Colombia entraría al cuarto periodo de violencia: la guerra de los psicópatas, luego de las guerras de la violencia de liberales y conservadores (1944 – 1957), la guerra insurgente en el frente nacional (1958 – 1990), la guerra del neoliberalismo (1991 – 2024), y la guerra de los psicópatas (1925 hasta que se abra espacio a una quinta guerra, la del fin de la vida por el calentamiento global y la locura general de una sociedad hasta límites imposibles para la ciencia).
Los factores de corrupción y violencia se incrementan en la medida que los innumerables procesos parciales de paz, no terminan con los factores estructurales que causan y explican la corrupción, el atraso, la inequidad, la destrucción de la naturaleza, y la violencia. El problema de Colombia es una clase dirigente tradicional rentista, extractivista, especuladora, anti productiva y anti innovadora ligada al narcotráfico desde los años 1970 según archivos desclasificados por Estados Unidos en referencia a expresidentes de la república. Asimismo, una clase emergente, la del narcotráfico, corrupción y de la ganancia inmediata. Por eso, la educación, la ciencia y la tecnología, la política industrial, la reforma agraria, la sostenibilidad ambiental, no son temas que interesen a las élites de un país desbaratado.
Incluso, así sea un perdón y olvido más acotado en el tipo de actores que podrían acogerse a una ley de punto final, Colombia debe pasar por dos decisiones: la primera, verdad y condena de Uribe porque su visión de la violencia y de la ilegalidad que destruyó vidas e instituciones, es indispensable conocer antes de su muerte, cercana o lejana; y la segunda, una nueva constitución con un sistema de reformas de múltiple propósito, como las que está impulsando el presidente Petro, y muchas más, pues hay que repensar los valores institucionales, la acción del Estado con sus tres poderes, la dirigencia económica con los gremios que la representan, los grandes medios que destruyen conciencias con mentiras y manipulaciones, y una educación funcional al atraso, la violencia, la inequidad y la dependencia intelectual y tecnológica.
La razón de estos escenarios tan extremos, por lo complejos y desafiantes, es porque Uribe debe aceptar su culpabilidad y decirle a Colombia con nombres propios, hechos y decisiones, todo lo que sabe e hizo desde que fue un efímero director de la Aerocivil. Colombia debe repensar los pilares institucionales, las políticas de desarrollo y los sistemas político y de justicia. La ley 906, ley de la impunidad para los poderosos, se debe reformar de forma y de fondo, porque mientras haya impunidad habrá más corrupción, ilegalidad, violencia y atraso, porque la plata fácil será el centro de la productividad, de las actividades, de los acuerdos y las políticas.
La reforma a la justica pasa por una profunda reforma del marco legal, de lo contrario, una cultura de corrupción y violencia enquistada en la sociedad, con metástasis general en los sistemas judicial, político, económico y tecnocrático, seguirá su curso y así Colombia profundizará su decadencia hasta convertirla en una sociedad ciega y pestilente tal cual la sociedad de la Ceguera de Saramago.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Dick Salazar en Facebook
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