El gobierno colombiano había sido notificado, de lo que ya sabía, por escrito y en rueda de prensa, por parte de las autoridades venezolanas, con suficiente antelación, de la utilización del territorio nacional para el ilegal entrenamiento y de la agresión que estaba en ciernes; le hizo saber, además, que estaban enterados de que la operación contaba con el consentimiento y asesoría de la DEA y la colaboración de narcotraficantes de la costa norte de Colombia. El títere hizo mutis por el foro y se limitó a permitir que la DEA recogiera a Alcalá Cordones para llevarlo supuestamente ante la justicia de EE. UU. Tal conducta dejó evidente la complicidad de los gobiernos estadounidense y colombiano con la agresión que se estaba preparando contra Venezuela.
El servicio de inteligencia Venezolano, en permanente vigilancia y seguimiento de la maniobra que de todas maneras decidieron ejecutar, notificó al gobierno y a su fuerza armada, quienes como parte de la operación Escudo Bolivariano, contra cualquier intento de agresión o intervención militar, de Estados Unidos en alianza con los gobiernos de Colombia y Brasil principalmente, organizó la Operación Negro Primero, integrada por las fuerzas armadas regulares y miembros de las milicias bolivarianas, compuesta por pobladores, que además son pescadores, de los vecindarios costeros del país, para esperar y hacer frente a la develada operación por parte del confeso desertor y rastreada en tiempo real por los organismos venezolanos.
El 2 de mayo, entrada la noche, partieron de la hacienda propiedad del narcotraficante Elkin Javier López Rueda, identificado con dos alias, “doble rueda” o “la silla”, suegro de Cliver Alcalá para más señas, ubicada en las costas de La Guajira, dos lanchas cargadas con armamentos, pertrechos, uniformes y equipamiento militar norteamericano, cerca de 60 desertores de las fuerzas armadas venezolanas y dos exmiembros del ejército de los EE. UU, que habían sido entrenados en dicha hacienda, para llevar a cabo la “Operación Gedeón”, nombre tomado de la mitología israelí que quiere decir “guerrero destructor”, cuya misión era, “capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro y a altos funcionarios del gobierno y sus aliados”.
A las 3 de la madrugada del día 3 de mayo, una de las embarcaciones que se aproximaba al puerto de Macuto, en el Estado de La Guaira, en cercanías a Caracas, fue recibida por helicópteros artillados, miembros de la FANB, la policía y milicianos de la localidad; seguidamente, les exigieron que se rindieran, pero ellos respondieron con fuego. En el combate perdieron la vida 8 mercenarios, los demás fueron apresados. Al día siguiente la mayoría de los mercenarios que tripulaban la segunda lancha, fueron enfrentados y capturados por parte de las milicias bolivarianas, en la localidad de Choao, entre ellos, dos ex boinas verdes de las fuerzas especiales del ejército de USA.
A juzgar por el contrato firmado, según la revelación de Alcalá Cordones, por Juan Guaidó, JJ Rendón y Sergio Vergara, Con Jordan Goudreau, al parecer integrante de la seguridad de Donald Trump y propietario de la empresa “Silver Corps”, se pretendía llevar acabo una espantosa agresión militar tercerizada en territorio venezolano, cuyo intento inicial finalizó en el puerto de Macuto y en la frontera colombiana con el Estado Táchira con, saldo trágico para los agresores, cerca de 20 muertos y 52 detenidos.
Dicho contrato, consignado en ocho páginas y 41 adendas, contemplaba la realización de una misión macabra, como las perpetradas por las empresas de mercenarios que desolaron a en Irak, Libia, Siria, Yemen y Nicaragua con “la contra” financiada con dineros de narcotraficantes colombianos aportados a la DEA; que consistía en que “Silver Corps entrenaría y equiparía militares desertores de la FANB, durante 45 días, para realizar un proyecto denominado “La Salida”, que pretendía “la eliminación del régimen venezolano vigente y la entrada e instalación del gobierno venezolano reconocido”, se supone que por Donald Trump; es decir, Juan Guaidó. El plazo de ejecución del proyecto era de 495 días y el costo US$212.900.000, que podían ser pagados en barriles de petróleo, en caso de que el nuevo gobierno no dispusiera de efectivo.
Una vez derrocado el gobierno, los mercenarios se erigirían como una “tropa élite”, que sustituiría las cuatro fuerzas de Venezuela, las cuales serían neutralizadas a sangre y fuego. Dicha tropa. podría atacar individuos o grupos, elementos e infraestructuras no militares, acordonar y registrar cualquier residencia, estructura o instalación en Venezuela, si tuviera creencias razonables de que albergaban fuerzas enemigas. Para ello, el contrato incluía dos cláusulas; una “antidisturbios” y otra de “uso de la fuerza graduada” que permitiría a “los proveedores” (así se denominan en el contrato), “liberar, lanzar o disparar misiles, armas, cohetes, armas de energía dirigida, colocar minas en todo el territorio nacional, uso de aparatos que incapacitan temporalmente a personas en centros de detención, usar armas químicas (las que están prohibidas en la Convención de Ginebra), contra civiles, grupos y organizaciones, que en su criterio fueran sospechosos o representaran una amenaza para el nuevo régimen.
Los mercenarios quedaban facultados para usar la “fuerza mortal”, para detener y eliminar la amenaza, sin discriminación de clase, estrato o preferencia política; incluyendo de manera expresa “cualquier persona vinculada a los ministerios de la Juventud, planificación y relaciones exteriores; así como el personal científico o, cualquier persona sospechosa de pertenecer a las FARC- EP, ELN, Hezbollah o a cualquier movimiento de solidaridad con Palestina, Siria o Irak”. El pacto no incluye cláusula de respeto a los DD. HH, ni al Derecho internacional humanitario.
El contrato prevé que la administración Guaidó, una vez instalada, pagaría a Silver Corps, una bonificación de US$10.850.000 mensuales, después de la finalización del proyecto; se trata de algo así como, un acuerdo mutuo de protección de la vida e indemnización de los mercenarios en caso de muerte. Además, habían definido saquear unos objetivos económicos; del producto obtenido, el 14%, sería para los miembros de la operación; así mismo, harían el cobro de las recompensas fijadas por la “justicia” norteamericana.
En una de las adendas, se estipula que, en una especie de persecución sin fronteras, Silver Corps, no requeriría autorización del gobierno de Guaidó para derribar aviones del antiguo régimen, o perseguir individuos o grupos civiles o militares que hubieran atravesado las fronteras internacionales, especialmente las de Colombia y Brasil, para entrar a su espacio aéreo o terrestre, en caso de que acogieran personas afines al gobierno bolivariano.
Juan Guaidó, igual que en los fracasados intentos golpistas anteriores, ha negado su participación en esta demencial operación, negó enfáticamente haber firmado el contrato, radicado en el Estado de La florida. J J. Rendón, quien ostentaba el cargo de “Alto comisionado, estratega general” del gobierno en el aire del presidente encargado, en declaración a CNN, exhibiendo una desfachatez en grado sumo, reconoció que él y el diputado Sergio Vergara habían firmado el contrato, con consentimiento de J. Guaidó y, contra toda evidencia, aseguró que su jefe no lo había firmado.
Además, en estado de cinismo extremo, queriendo minimizar los escabrosos alcances del contrato y cubrirle la espalda al jefe, señaló que “Era una exploración, para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia, de miembros del régimen que actualmente tienen indictment o que tienen orden de captura, etc.”, (sic). Muy visionario él, se refería a la orden emitida y a la cuantiosa recompensa ofrecida por la cabeza de Maduro y sus colaboradores, fijada con posterioridad a la firma del acuerdo, por la justicia gringa. Aseguró también que, con dinero de su pecunio, había pisado el negocio con la suma de US$50.000, entregados a Goudreau. Remató confesando que esta operación se venía preparando con muchos meses de antelación y habían contemplado todos los escenarios posibles, hasta el de la disposición de “llegar a acuerdos por encima de la mesa o por debajo de la mesa”, se trata de aplicar el juego del todo vale.
Pero, en las grabaciones de audios de conversaciones entre Guaidó y Sergio Vergara, con Jordan Goudreau, exhibidas en rueda de prensa por Jorge Rodríguez, en las cuales se escucha el compromiso expreso de firmar el contrato en viva voz del “presidente reconocido” y su segundo; amen de la entrevista concedida por J. Goudreau a la periodista, furibunda antichavista, Patricia Poleo, en la cual, no solo mostró el contrato firmado por las partes, sino que denunció haber sido engañado por los firmantes del mismo y anunció que serían demandados ante la justicia norteamericana.
Los verdaderos alcances del contrato.
De no ser por la gravedad que encierra, el contrato parece el guion de una película de ficción Hollywoodense, de la serie “misión imposible”, o la película Rambo, o el soldado Ryan. Cualquiera, que, como yo, sea lego en materia de conocimiento militar, deduce que un reducido grupo de mercenarios deficientemente entrenados, jamás hubiera podido lograr los tétricos objetivos acordados en el mencionado contrato; lo cual parece indicar que, o se trataba de un globo de ensayo, o pretendían hacerse a una cabeza de playa, para dar inicio a una gran operación militar que, de ser exitosa, daría paso al ingreso de tropas del comando sur del ejército de los Estados Unidos, para poner fin al régimen Chavista Bolivariano.
El vicepresidente y ministro para la información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa del 18 de mayo pasado, refuerza esta hipótesis, dio a conocer grabaciones de audio, supuestamente filtradas por miembros de la inteligencia colombiana a la inteligencia venezolana, de conversaciones sostenidas por Cliver Alcalá, con el diputado de la oposición, Hernán Alemán y un tercero no identificado, en las que hacen temerarias revelaciones. Dicen, entre muchas cosas, que el contrato que se firmó con Guaidó, era a 18 meses, que antes de la frustrada operación, ya “habían ingresado a territorio venezolano muchos soldados gringos, vestidos de civiles”, para quienes seguramente, los mercenarios traían los uniformes con bandera de USA, que fueron incautados en la frustrada operación; que para financiar la operación hicieron una colecta de US$300 millones, aportados en una reunión en Miami, por empresarios gringos y venezolanos y depositados en cuenta bancaria de J.J. Rendón, quien finalmente no pagó a “los proveedores” lo pactado.
Pero lo más importante que esta conversación devela, es el verdadero propósito de esta nueva agresión; dijeron que una vez derrocado el régimen, se instalaría una Coalición Restauradora de Unidad Nacional, que tendría un plazo de 18 meses para perseguir y desarticular las FANB, la cual sería reducida y depurada, para seleccionar solo tres de cada cien miembros de dicha fuerza, que serían entrenados y formados en una especie de “Escuela de las Américas”, para crear una nueva FANB contraria a las fuerzas armadas chavistas, las cuales, en un nuevo contrato a tres años, quedarían atadas al Gobierno Provisional de Coalición Nacional. En estos 18 meses los contratos de reconstrucción serían adjudicados principalmente a los empresarios aportantes, en primer lugar, a los norteamericanos y en segundo lugar a los venezolanos. La intención era y seguirá siendo, desinstitucionalizar el Estado nacional bolivariano, derogar la constitución nacional y derruir la estructura militar, jurídica y política que ha sustentado la Revolución Bolivariana.
Quedó claro que no se trató de una invasión sino de una avanzada para abrir paso a una supuesta ofensiva final; así lo explicó el general Vladimir padrino López , en una reunión de evaluación de la operación y la respuesta de la unión cívico militar y policial que fue televisada, señaló que “Esto no se puede calificar como una invasión, pero fue una operación militar muy bien planificada, preparada en territorio extranjero, con financiamiento extranjero, con equipamiento suministrado por potencias, como los Estados Unidos y por el mismo gobierno de Colombia, con la protección de ese gobierno, con sus objetivos bien marcados”. Señaló que se trató de una infiltración por mar y por tierra porque, además de apresar los que llegaron por mar, fueron capturados 39 desertores que habían incursionado por la frontera con Colombia en el Estado Táchira.
Padrino López resalto que “la unión Cívico-militar es la clave de la respuesta contundente que ha dado el pueblo venezolano y la FANB y policial a esta agresión; además de la incorporación del concepto de la milicia que cuenta con la fuerza de 4 millones de milicianos”. Dijo que “Estados Unidos ha subestimado el David venezolano”, que “el pueblo estaba alerta en Macuto y que la defensa del pueblo venezolano en Choao, con 2 unidades populares de defensa integral, redujeron y capturaron los mercenarios, incluidos dos ex militares yanquis”. Destacó que “aplicamos un modelo de guerra de todo el pueblo en armas, contra el invasor”.
Los reales responsables de la frustrada agresión.
Las confesiones voluntarias, a las que se acogieron los detenidos, confirman la evidencia de que la operación fue planificada por el gobierno de EE. UU, apoyada por el gobierno del títere, que permitió el tráfico de armas y el uso del suelo colombiano para entrenar el grupo mercenario, por la DEA que aportó recursos económicos, los capos del narcotráfico de la costa norte y de Venezuela reclutados por la DEA y la extrema derecha radical venezolana aliada con empresarios aportantes de recursos financieros. Así lo confirman sus declaraciones más comprometedoras:
Antonio Sequea, desertor, jefe de la operación, quien reemplazó a Cliver Alcalá. “A mediados de marzo, J. Guaidó, viajó a EE. UU y se reunió con J. Goudreau en la Casa Blanca, porque lo habían nombrado asesor militar para la salida del régimen en Venezuela”. “En Conversación telefónica, Goudreau, me aseguro que amparado por Trump, firmó el contrato con J Guaidó y que la seguridad de EE. UU, estaba al tanto de esos procedimientos”. “en las listas de los ajusticiables (sic), no solo estaban los representantes del gobierno, también había representantes de la oposición que J. Guaidó consideraba un estorbo”. “Iván Simonovis me informó que era comisionado de seguridad e inteligencia y que en esa calidad se había reunido con Trump para informarle novedades de la operación”. “Doble rueda, albergó durante 40 días los desertores y mantenía el control de todas las operaciones en su hacienda. A un kilómetro de la hacienda se encuentran las instalaciones de la base de operaciones de la DEA”. José Alberto Fernández Socorro, alias “Pepero”, narcotraficante pedido en extradición por la DEA, declaró que “había sido reclutado por la DEA, prestó apoyo para proveer todos los elementos logísticos y operativos en Venezuela, consecución de camionetas, compra de las lanchas, etc.”
Tanto Trump, como el títere han negado participación, el mandatario gringo se atrevió a afirmar que el gobierno habría hecho las cosas distintas, “como una invasión por ejemplo” y el sub-presidente dijo que “los demócratas hacemos las cosas de frente”; pero lo cierto es que en su alocución del 23 de agosto de 2019, ofreció recompensa por información y captura del narcotraficante “La Silla” con fines de extradición. La DEA por su parte, el 14 de diciembre de 2019, solicitó en extradición a alias “La Silla” o alias “Doble Rueda”. Es notorio que los dos narcotraficantes reclutados por la DEA, canjearon su extradición por colaboración con las acciones tendientes a derrocar el gobierno legítimo de Venezuela. Obviamente, Cliver Alcalá Cordones, casado con la hija de doble rueda, también narcotraficante, hizo lo propio.
Pero hay que resaltar que, en esta oportunidad, sectores de la prensa norteamericana, se han mostrado críticos frente a esta temeraria acción y empiezan a señalar a D. Trump, al Departamento de Estado, a Mike Pompeo, a Mike Pens y a la DEA como responsables, acusan a Guaidó de haber firmado el contrato y exigen explicación sobre la presencia de boinas verdes en la operación; es el caso de Walt Street Journal, MBC y Miami Herald.
También, desde el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes norteamericana, en carta dirigida a Pompeo, le exigieron que explicara “si había alguna relación entre Silver Corps, Jordan Godreau y la administración de D. Trump y que además aclarara cómo fue adquirido por Silver Corps y los desertores venezolanos, equipamiento militar norteamericano para perpetrar el ataque del pasado domingo tres de mayo” (Citado por Jorge Rodríguez)
Juan Guaidó es el gran derrotado de esta nueva agresión a Venezuela; el fracaso lo ha puesto en la picota pública, la ciudadanía venezolana, latinoamericana y del mundo, se debe horrorizar al saber que, para lograr su ambicioso propósito, sea capaz de pactar el genocidio, la destrucción y el saqueo de el patrimonio, las riquezas naturales y los bienes de todo el pueblo y convertir a Venezuela en un protectorado norteamericano. La oposición Venezolana quedó más dividida que antes; el partido de Capriles, Primero Justicia, le hizo público retiro de su apoyo. Además, quedó evidente la falacia de la lucha contra el narcotráfico, tanto del gobierno gringo, como del gobierno del títere colombiano, que arrastra el desprestigio de haber sido elegido por la compra de votos con dineros del narcotráfico. El pomposo grupo de Lima terminó por convertirse en un cadáver insepulto.
Solidaridad, solidaridad y mas solidaridad, es lo que requiere nuestro hermano pueblo venezolano, para evitar la catástrofe que causaría, no solo en Venezuela, sino en el pueblo colombiano, la invasión que presagia la demencial pero providencialmente frustrada operación del pasado tres de mayo, irracionalmente apoyada por el Uribato y su gobierno títere.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red socialista de Colombia
Foto tomada de: Mundo.sputniknews.com/
Deja un comentario