Contrario a lo que se piensa, la Encuesta de calidad de Vida del DANE muestra datos para el período 2016-2018 que permiten observar como la población rural creció en 705.000 personas, lo que representa 405.000 hogares nuevos. Un crecimiento poblacional del 6.5% cuando en las zonas urbanas fue del 2.5%. Un hecho que llama la atención porque sin lugar a dudas marca unas tendencias diferentes frente al poblamiento rural en el país.
De los 3.442.000 de hogares en las zonas rurales, 887.000 (25.77%) tienen a una mujer como cabeza, con un crecimiento respecto al año 2016 de 147.000 hogares en esta condición. De la población rural, el 84.2% pertenece al régimen subsidiado. El 62.1% de la población trabajadora en la ruralidad se dedica a actividades en el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que es el de mayor ocupación por la naturaleza del mismo. El 12.6% se ocupa en el sector de Comercio, hoteles y restaurantes; el 7.8% en Servicios comunales, sociales y personales; el 6.7% en la Industria manufacturera; el 4.7 en Construcción y el 3.3% en Transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector de Explotación de minas y canteras solo ocupa el 1% de la población rural, mostrando su bajo impacto en la distribución del ingreso.
De otro lado, el 53.5% son ocupados pero por cuenta propia, situación que se puede relacionar directamente con la informalidad, de allí, se explica incluso buena parte de la baja afiliación al régimen contributivo. Contradice el dato de Obrero, empleado particular ya que representa el 18.9% de los ocupados, muy por encima del factor de afiliación contributiva. Los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares representan el 13.2% y Patrón o empleador el 6.2%. Los ocupados por parte del gobierno son el 1.2%, esto muestra que el Gobierno no es el gran empleador de la ruralidad como suele creerse, aunque si puede ser significativo en muchas localidades la generación de empleos estables y de mejor remuneración.
En el ámbito productivo, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2018-2019,[1] traza un panorama particular de la ruralidad colombiana. En el año 2018 el PIB agropecuario fue del 6.2%, con una pequeña variación al 2019 cuando representó en 6.23% del PIB.
El crecimiento de la producción fue jalonado en orden por los subsectores agrícolas transitorios y cultivos agrícolas permanentes[2]; Ganadería y Cultivo permanente de café. El uso de la tierra en cambio, obedece más a la explotación ganadera que al uso en alimentos. En efecto, de acuerdo con la ENA el 10.64% del uso del suelo estuvo dedicado al subsector agrícola mientras que el 76.72% estuvo dedicado a las actividades pecuarias. El área cosechada para los cultivos transitorios fue de 782.140 hectáreas, esto para para los productos de arveja, tomate, cebolla (cebolla bulbo y cebolla rama), frijol, maíz (maíz amarillo y maíz blanco), papa, yuca, zanahoria. El área de cosecha para los cultivos permanentes presentó 732.782 hectáreas para los productos de aguacate, cacao, caña panelera, mango, naranja, plátano, banano, mandarina y maracuyá. El total del área cosechada para el café fue de 630.118 hectáreas. En el caso del uso de tierra para ganando fue de 30.019.642 de hectáreas.
Por lo tanto, comparando los datos de uso del suelo en los cultivos transitorios y permanentes con respecto al uso de la tierra para ganando, la cantidad de hectáreas destinadas a los cultivos son más rentables que las destinadas a la ganadería. Los rendimientos por hectárea son obviamente mayores, y se ha demostrado desde diferentes escenarios que siguen siendo más productivas las economías campesinas que las grandes propiedades. De acuerdo con el Ministerio de agricultura, el 83.5% de los alimentos que se consumen en el mercado interno son producidos por las economías campesinas, de allí la capacidad demostrada para soportar la oferta de alimentos en medio de la pandemia. Esto en un país donde la concentración de la tierra medida por el índice de Gini, es del 0.92.
Esto deberá generar una reflexión sobre la realidad del uso del suelo en el territorio colombiano, en particular en momentos donde ha existido un claro desequilibrio en los TLC y el país ha llegado a convertirse en un gran importador agrario, esto es, 14 millones de toneladas (con productos como maíz, el trigo y la torta de soya, fundamentalmente, aunque paradójicamente se importan también productos como aceite de palma, azúcar de caña, hortalizas cocidas o conservadas, leche, aceite de soya, cebada y algodón; valga recordar que en 1990 la importación de alimentos alcanzó a ser de 400.000 toneladas. Una decisión desde la política pública y del modelo de desarrollo que ha dejado al libre albedrío del mercado la oferta agrícola para consumo de las familias y de la industria. Aspectos que se mejorarían ostensiblemente con un adecuado manejo de semillas y de los diferentes procesos de promoción a las cadenas de valor. A la par con esto el Gobierno ha venido trabajando en programas contra el desperdicio de alimentos, otra paradoja, de acuerdo con Planeación Nacional, en el país se desperdician 9.6 millones de toneladas de alimentos anualmente.
De cualquier manera estos análisis no son totalmente consistentes, la utilización de diversas fuentes y datos de distintas metodologías hacen compleja la definición precisa de la realidad y por ende cualquier propuesta de política pública. La ENA presenta dificultades grandes no solo para el seguimiento del total de la producción sino por tipo de cultivos o de actividades pecuarias. Definitivamente el DANE deberá hacer esfuerzos para mejorar esto ya que quienes analizamos las cifras y pretendemos realizar seguimientos rigurosos nos quedamos en deuda frente a las deficiencias que la ENA presenta, en particular en los últimos años.
Los años venideros, esto que podríamos llamar postpandemia, probablemente vendrán con características disímiles, un comercio exterior restringido, unos mercados laborales deprimidos y unas mayores dificultades en los ingresos de las familias. En manos del Gobierno y de la reactivación económica están las posibilidades de fortalecer la producción agropecuaria pero también el mejorar las condiciones de la calidad de vida para los pobladores del campo, un ingreso solidario para los hogares rurales, de carácter permanente, sería una adecuada alternativa para hacer del campo una alternativa de vida viable.
A diferencia de los lineamientos del modelo neoliberal, el país deberá optar por otras alternativas donde la producción rural eficiente y productiva sean los atributos de las nuevas políticas públicas y esto pasa por afectar los procesos productivos y las cadenas de valor, desde la preparación de los terrenos hasta los servicios postventa; donde la asociatividad campesina sea la esencia del modelo y el acompañamiento técnico, científico y financiero sean fundamentales para tener mercados adecuados sin el control de agentes intermediarios. Se trata de los nuevos retos para un sector rural diferente y en progreso.
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[1]Para el año 2018 se presentan datos provisionales; para el año 2019 se presentan datos preliminares, según datos presentados por el DANE.
[2]Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; Propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas
Jaime Alberto Rendón Acevedo & Juan David Beltrán Lagos
Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, Observatorio Rural, Universidad de La Salle
Foto tomada de: 3colibrís
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