En el campo económico, las cifras macro que arrojó 2024 fueron positivas: se tuvo un crecimiento cercano a un 2 por ciento, inferior a lo esperado, pero relativamente satisfactorio; la inflación se redujo significativamente – se situó en un 5.2 por ciento – y disminuyeron el desempleo y la pobreza tanto la monetaria como la real. Un seguimiento y un desglose de los datos macro indican, empero, que la economía no logra un crecimiento sostenible, inferior a las expectativas del mercado. Se aprecia un preocupante retroceso del sector manufacturero y de la construcción, dos sectores que demandan mucha mano de obra, en contraste con el crecimiento de la administración pública y las actividades terciarias, datos que deben ser examinados a la luz de la escasez de recursos y a la fallida iniciativa de una nueva ley fiscal la cual lleva inexorablemente a adoptar medidas de austeridad y recortes de presupuesto.
El año ha comenzado también con una diplomacia que debe sortear una difícil situación con Caracas ensombrecida por la ausencia de Petro en la posesión de Nicolás Maduro y los puntos de choque con Donald Trump centrados en la lucha antidrogas, la migración y las relaciones comerciales.
Trump se ha presentado como un opositor férreo al narcotráfico y sus lazos con el crimen organizado a los que ha considerado un peligro para la seguridad estadounidense merecedores de un trato similar al del terrorismo. De acuerdo con Naciones Unidas, la producción de cocaína ha crecido en Colombia durante el mandato de Petro por lo que se ha incumplido con compromisos adquiridos, llevando a una suspensión de la ayuda de Washington.
Otro punto de choque con la nueva administración estadounidense ha sido el paso de migrantes por el Tapón del Darién que no ha sido objeto de acciones concretas por parte del gobierno colombiano. De acuerdo con cifras publicadas, al menos 5700 migrantes habrían cruzado el Darién semanalmente en 2024, muchos de ellos colombianos. Ello quiere decir que, según cifras del censo de Estados Unidos unos 230 mil ciudadanos colombianos son irregulares susceptibles de ser expulsados de dicho país. Esta situación repercutiría seriamente en el volumen de remesas enviadas por dichos migrantes.
Además de las repercusiones generadas por las situaciones anotadas se puede afirmar que las medidas que adopte Colombia respecto de estas problemáticas también pueden influir en las relaciones comerciales entre ambas naciones dado que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a países que no se esfuercen en detener las migraciones ilegales y en actuar eficazmente contra el narcotráfico.
Para enfrentar la turbulencia que se cierne en el horizonte en un año preelectoral en que muchos funcionarios y embajadores se preparan para aspirar a un cargo en las elecciones de 2016, Petro ha ajustado su círculo de poder. El remezón ministerial que se esperaba desde finales del año pasado comenzó con cinco cambios. Dejan su cargo Luis Gilberto Murillo (Relaciones Exteriores) quien hace una pausa para explorar las posibilidades de aspirar a unas elecciones presidenciales; Mauricio Lizcano (Tecnologías de la Información y a la Comunicación) y María Constanza García (Transporte). Jorge Rojas, hasta ahora vicecanciller ocupará el cargo de Laura Sarabia en el Dapre y ésta será la nueva Ministra de Relaciones Exteriores con el encargo de diversificar los socios comerciales del país.
Los cambios de la Presidencia en el tablero político son movimientos tácticos que buscan hacer frente a las amenazas inmediatas, pero quedan pendientes las acciones estratégicas que permitirían al país alejarse de una situación cercana a la de un Estado fallido.
La sociedad colombiana es una sociedad rota, polarizada y desigual, caracterizada por una profunda exclusión. Un indicador claro de esta situación es la existencia de una amplia proporción de la población económicamente activa fuera de la economía formal expuesta a actividades ilegales y criminales. En este orden de ideas, no solamente es vital lograr el control del Estado sobre todo el territorio nacional, sino también disminuir los niveles de desigualdad tanto entre sus miembros como entre las regiones de modo que se pueda construir un proyecto colectivo que garantice estándares razonables de bienestar para las mayorías. Un proyecto que pasa por una lucha frontal contra la corrupción y la corrección de fallas del Estado que conducen a procesos de inclusión perversa a través de prácticas clientelistas que limitan el libre albedrío de las personas.
Ante las amenazas que se avecinan es imperativo avanzar en la construcción de un proyecto colectivo que rompa el actual statu quo para lo que es necesario comenzar por transformar las relaciones de poder que tejen distintos centros de poder que pugnan entre ellos sumiendo al país en la desconfianza y la incertidumbre. Probablemente el primer paso para que ello se logre sea un acuerdo nacional entre las fuerzas vivas de la nación; un acuerdo que abra paso a procesos de inclusión animados por la idea de un ordenamiento democrático.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: RTVC Noticias
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