De estas dos últimas propuestas de enmienda ninguna quedó en la ley, y la referente al informe de derechos humanos se incluyó de manera parcial.
La decisión de no prohibir la venta de armamento o asistencia militar de EE.UU. a unidades de la Policía Nacional colombiana (no solo al ESMAD) acarrea graves consecuencias para la situación de los derechos humanos en Colombia ya que con estas armas letales, con las denominadas como “de letalidad reducida” y con sus municiones, fabricadas y vendidas por EE.UU., unidades de la Policía han cometido violaciones de derechos humanos que, según denuncias de algunas Organizaciones de la Sociedad Civil[2] ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El comercio de estas armas mueve millones de dólares cada año y ha estado viciado por hechos de corrupción. Cada año decenas de armas son robadas de instalaciones militares y de policía, y terminan en manos de paramilitares y narcotraficantes. Esto se tratará en la tercera entrega de este artículo.
Dentro de las violaciones de los derechos humanos con armas fabricadas o vendidas por EE.UU. y facilitadas por su Departamento de Estado, incluso se registra la comisión de masacres. La ONU define una masacre como la “ejecución de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo”[3]. Dentro de las cometidas presuntamente por miembros de la Policía Nacional se encuentran la masacre de Tandil en 2017, la masacre cometida en Bogotá en 2020 durante las protestas por el asesinato del estudiante Javier Ordoñez y la masacre de civiles durante el paro Nacional de 2021.
Las masacres
En la historia colombiana abundan los ejemplos de represión brutal y letal de las manifestaciones sociales a manos de los organismos armados del Estado. Desde el siglo pasado, de manera constante y reiterada, el Estado colombiano ha reprimido las protestas utilizando la violencia letal como parte de su estrategia de dominación. Una de las masacres que caracteriza la historia de la represión estatal fue la Masacre de Las Bananeras, en 1928, en la cual el Ejército Nacional disparó contra una manifestación asesinando a cientos, o posiblemente más de mil personas que exigían condiciones laborales dignas[4]. Esta política de represión mortal a la protesta social sigue cobrando víctimas después de casi un siglo.
Evidencia de ello son los tres casos mencionados, en los que unidades de la Policía Nacional de Colombia (en el marco de acciones de represión brutal de la protesta social y usando sus armas de fuego de dotación y otras armas denominadas como de “letalidad reducida”, fabricadas y facilitadas por EE.UU.) cometieron masacres, torturaron e hirieron a cientos de personas manifestantes, perpetraron actos de violencia sexual contra otras y atacaron delegaciones humanitarias de la sociedad civil y de la ONU:
1. La Masacre de El Tandil: el 5 de octubre de 2017 miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional perpetraron la primera masacre consumada después de la firma del Acuerdo Final de Paz; cuando, en medio de actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito, según testigos y evidencias, abrieron fuego con sus armas de dotación matando a siete campesinos e hiriendo a 20 más. Las víctimas hacían parte de un grupo de campesinos que protestaban contra la erradicación forzada de cultivos de coca y el retraso en la implementación de planes derivados del Acuerdo Final de Paz consistentes en asistencia económica y técnica a campesinos para la sustitución de plantaciones de coca por cultivos de alimentos.
Días después, el 8 de octubre, unidades de la Policía Nacional atacaban con granadas lacrimógenas, bombas de aturdimiento y disparos (al parecer al aire) a una comisión humanitaria de verificación integrada por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia y por delegados de la Personería Municipal, de la Gobernación de Nariño, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos –OACNUDH-, Misión II de Naciones Unidas y la MAPP OEA.
En diciembre de ese año, la Fiscalía General de la Nación imputó por homicidio agravado a los comandantes de la Policía y del Ejército responsables de la operación: un capitán que comandaba el ‘Núcleo Delta’ de la Policía Nacional y un mayor que era el comandante del Pelotón Dinamarca I del Ejército Nacional. En enero de 2019 la investigación pasó a la justicia penal militar y a más de cuatro años después de la masacre, el caso continúa impune.
2. La masacre de 2020 durante las protestas por la tortura y muerte de Javier Ordoñez a manos de agentes de la Policía: el 8 de septiembre varios agentes de la Policía Nacional torturaron y asesinaron al estudiante universitario Javier Ordoñez. Las redes sociales reprodujeron un video en el que la víctima pedía auxilio y clemencia mientras dos policías lo tenían sometido y lo torturaban con una pistola eléctrica Taser (fabricada y vendida en EE.UU.). Posteriormente lo llevaron al CAI del barrio Villa Luz donde lo continuaron torturando hasta ocasionarle lesiones mortales. El informe de Medicina Legal da cuenta de la brutalidad de la tortura[5]. Este fue el detonante de una oleada de protestas en Bogotá y Soacha que se llevaron a cabo entre el 9 y el 10 de septiembre. Un informe respaldado por la ONU[6] asegura que durante esas fechas se llevó a cabo una masacre de la cual es responsable la Policía Nacional.
El total de las víctimas mortales registradas durante las protestas fue de catorce. Las víctimas mortales registradas como consecuencia del uso ilícito de la fuerza y de sus armas de dotación por parte de agentes de la Policía Nacional habrían sido al menos once civiles a quienes mataron “en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal”. Las víctimas fueron jóvenes de barrios populares de Bogotá y Soacha que “comparten algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14)”[7]. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por policías, también se registraron 75 personas heridas por arma de fuego, desapariciones forzadas, el uso ilícito de la fuerza, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual, estigmatización y violencia contra bienes públicos y privados. Estos homicidios se hallan en la impunidad, solo el 2,5 % de las causas abiertas se encuentran en fase de juicio y no hay condenados. Por la tortura y asesinato del estudiante Ordoñez el año pasado fue condenado uno de los policías perpetradores.
Como contexto previo, días antes del asesinato de Ordoñez, el 4 de septiembre, policías de la Estación de Policía de San Mateo, en el municipio de Soacha, dejaron morir quemados a ocho jóvenes dentro de una celda. Además, el 21 de marzo del mismo año, unidades de la Policía Nacional y de los grupos especiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, mataron con sus armas de dotación a 24 internos como respuesta a protestas en la Cárcel Modelo, al parecer nueve de las muertes se habrían producido por disparos en la cabeza o el cuello.
3. La masacre cometida durante el paro nacional de 2021: el 28 de abril de 2021 el Gobierno colombiano intentó llevar a cabo una reforma tributaria que pretendía cargar con gravámenes principalmente a la clase media y a sectores vulnerables de la población. Al día siguiente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- revelaba un estudio que evidencia el empobrecimiento de la clase media en el país, dado que el 42,5% de los colombianos se encontraba en condición de pobreza monetaria y un 15,1% en pobreza monetaria extrema. La propuesta de reforma tributaria fue presentada por el gobierno en un momento crítico de la pandemia por COVID-19 en el que millones de personas pasaban hambre y decenas de miles morían; con ella se pretendía gravar, entre otros, los alimentos básicos y los servicios funerarios.
La expresión de descontento por esta y otras políticas gubernamentales desembocó en manifestaciones por todo el país y el llamado a un Paro Nacional que se manifestó mediante expresiones pacíficas en la mayoría de los casos, pero en otros desencadenó en violencia. Diversos informes aseguran que la Policía Nacional disparó sus armas de dotación letales y de letalidad reducida matando al menos a 28 personas. Según la ONU las víctimas mortales “eran jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”[8].
Por su parte, la ONG Temblores denunció 43 posibles muertes atribuidas a la Fuerza Pública. Los homicidios se presentaron principalmente en Cali, capital del Valle del Cauca, pero también en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Santander y Tolima. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por unidades de la policía, la ONU registró: privaciones arbitrarias de la vida, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias, violaciones a la integridad y seguridad personal, actos de discriminación y racismo. Además, el Estado utilizó a los militares para contener las manifestaciones y se registraron varios casos de individuos vestidos de civil que atacaron con armas de fuego a manifestantes en presencia y con complicidad de la Fuerza Pública. Entre los casos de personas muertas por armas consideradas como de letalidad reducida fueron documentados al menos cinco por impacto de proyectil de gas lacrimógeno, y una por la denominada Arma Venom. OACNUDH afirmó en su informe que “el uso inadecuado e indiscriminado de lanzadores de agua, gases lacrimógenos, incluyendo la denominada arma “Venom”, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios habrían causado la muerte y graves lesiones físicas de personas…”.
Por su parte la CIDH[9] registró denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, así como agresiones por parte de la policía a periodistas y a misiones médicas.
El 3 de mayo, la OACNUDH acompañó a una delegación que incluía a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Observatorio de realidades sociales de la Arquidiócesis de Cali y organizaciones de la sociedad civil, a verificar denuncias de violaciones de derechos humanos en la ciudad de Cali. Al llegar a una estación de policía, la delegación fue atacada por agentes de la Policía quienes les agredieron y amenazaron de muerte. El informe de OACNUDH asegura que “Un policía apuntó su arma de fuego en la cabeza de un miembro de la delegación, otros fueron golpeados y funcionarios de la policía lanzaron una granada aturdidora, además de hacer disparos al aire. La delegación fue obligada a evacuar la estación de policía para protegerse”. El ataque a la misión humanitaria está cubierto por la impunidad, así como la mayoría de asesinatos cometidos durante la masacre.
Estos son solo tres ejemplos en los que unidades de la Policía Nacional, haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, dispararon sus armas de fuego asesinando a civiles que no tenían armas de fuego. Otros civiles murieron por el uso ilegal de armas denominadas como de “letalidad reducida”. Las armas utilizadas en las tres masacres eran armas de dotación de la Policía Nacional. Las víctimas eran civiles y compartían características socioeconómicas comunes concretas. Algunas de las víctimas mortales se hallaban participando en manifestaciones, otras simplemente las observaban y algunas víctimas solo estaban en sus hogares y murieron asfixiadas por los gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD de la Policía Nacional. Según denuncias, así sucedió en el municipio de La Virginia, en Risaralda, con el señor Evelio de Jesús Flórez, un adulto mayor de 86 años de edad que murió en su casa por la asfixia que le produjo inhalación de gases lanzados por la Policía. También con la señora María Jovita Osorio en Cali, una madre comunitaria de 73 años quien murió por asfixia y paro cardíaco luego de que un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la Policía cayera en su casa y la ahogara.
La represión brutal de las protestas por parte del Estado colombiano es un fenómeno generalizado, sistemático, reiterado, constante, selectivo y no indiscriminado que evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es un ejercicio de violencia letal no accidental ni fortuito, ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta y perpetrado de manera metódica y no aleatoria. Todas estas violaciones a los derechos humanos descritas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. De ser así, los gobiernos de los países que proveen las armas con las que estos crímenes se cometen, como es el caso de EE.UU., son responsables y cómplices de los mismos y deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para que estas acciones no se repitan, los culpables sean juzgados y las víctimas obtengan reparación integral.
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[1] En inglés Law S. 1605, the “National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022”.
[2] Denuncian al gobierno de Colombia ante la Corte Internacional. Disponible en: https://www.dw.com/es/colombia-denuncian-a-gobierno-ante-cpi-por-cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad/a-57524352
[3] ONU. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 56º período de sesiones. E/CN.4/2000/11 9 de marzo de 2000.
[4] Dejusticia. La masacre de las bananeras y la desigualdad de las víctimas. Disponible en: https://www.dejusticia.org/la-masacre-de-las-bananeras-y-la-desigualdad-de-las-victimas/
[5] La W Radio. El informe de Medicina Legal de Javier Ordóñez. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/el-informe-de-medicina-legal-de-javier-ordonez/20200918/nota/4071465.aspx
[6] INFORME FINAL Para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/informe-para-esclarecimiento-de-hechos-del-9-y-10-de-sep-de-2020
[7] Ibíd.
[8] OACNUDH. Lecciones Aprendidas, Paro Nacional Colombia, 2021, Juliette de Rivero, Representante de la Alta Comisionada. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos/10246-documento-lecciones-aprendidas-paro-nacional-colombia-2021-juliette-de-rivero-representante-de-la-alta-comisionada
[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021.
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: Oasis FM
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