Hay que recordar que la guerrilla del ELN usa de manera ilegal el territorio venezolano desde principios de la década del ochenta. Algunos años después ya realizaba operaciones militares, como el ataque en el estado Apure en contra de una patrulla de la PTJ. Para los noventa las FARC-EP, controlaba el alto Catatumbo y en consecuencia un vasto territorio fronterizo. Mientras tanto el EPL, atacaba por el sector de Mata de Coco a miembros de la Guardia Nacional en 1995. La guerrilla colombiana se tomó a sangre y fuego la zona fronteriza venezolana, de esto da cuenta los 39 incidentes fronterizos ocurridos durante el período de 1995-1997, con un saldo de 32 muertos y 15 heridos, entre soldados venezolanos, guerrilleros colombianos y civiles.
En cuanto al contrabando, causa de estupor y alarma en medios de comunicación nacionales y extranjeros, solo hay que decir que su práctica ha sido tan recurrente a ambos lados de la frontera, que por generaciones este ha sido el único medio de subsistencia de miles de familias pobres, incluso hoy en el marco de la pandemia. Su práctica en nuestra región es tan antigua que se remonta al siglo XVIII, como bien lo documenta el escritor pamplonés Rafael Eduardo Ángel en su libro San Faustino de los Ríos.
En cuanto al narcotráfico, es a mediados de la década de los noventa, cuando el cartel del norte del Valle, comienza a utilizar no solo el territorio venezolano, sino también su infraestructura portuaria para sacar la cocaína a Estados Unidos. Cargamentos de droga que atravesaban medio Colombia hasta llegar a Cúcuta para ingresar vía San Antonio del Táchira a Puerto Cabello, operaciones silenciosas que se hicieron públicas con la detención del jet set bogotano, jefe del cartel de Cundinamarca Justo Pastor Perafán, detenido en San Cristóbal Venezuela en 1997 y extraditado a Estado Unidos, cuando huía de la guerra que había desatado entre carteles de la droga colombianos; y más tarde con el asesinato de Wilber Varela alias Jabón en enero del 2008 en Mérida, catalogado como uno de los mafiosos más perseguidos del mundo, quien trajo a Cúcuta el primer grupo de paramilitares de los Rastrojos.
La arremetida paramilitar de 1999 en Norte de Santander se presenta en un contexto de auge y expansión del negocio del narcotráfico en la región, cuya base eran las 15.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el Catatumbo, de un total de 160.000 cultivadas en todo el país. Las Autodefensas Unidas de Colombia que además de apoderarse de este negocio, generó la peor tragedia humanitaria de que se tenga conocimiento, tenían además como objetivo preparar una estructura paramilitar para operar en Venezuela. Ahí está entre otros, el testimonio de Giovanny Velásquez Zambrano alias Mina, en donde relata las reuniones realizadas en Cúcuta, por miembros de la oposición venezolana con paramilitares del bloque Catatumbo, para coordinar el asesinato del presidente, en ese momento, Hugo Chávez Frías.
Estos antecedentes que algunos tratan de borrar, han creado unas condiciones ideales para que la guerrilla colombiana, paramilitares colombianos, la criminalidad organizada colombiana y bandas delincuenciales colombianas, que operan hoy a lo largo de los 421 kilómetros de frontera de Norte de Santander con Venezuela, permanezcan ahí, algunos incluso por años, ejerciendo labores de control territorial, cooptación de rentas ilegales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, actos atroces y delitos de lesa humanidad.
El Observatorio de derechos humanos y violencia social y política de la Fundación Progresar, ha logrado mapear actualmente la presencia de 12 estructuras armadas organizadas, 22 actividades de contrabando de las cuales el 50% pertenecen al gran contrabando y 114 pasos ilegales puestos al servicio de actividades como el tráfico ilícito de migrantes, redes de trata de personas y el contrabando al menudeo, que generan unos escenarios de alto riesgo no solo para los migrantes venezolanos, sino también para los colombianos que aún utilizan estas rutas como una opción de ingresar a Venezuela.
La región presenta una problemática de violencia permanente por lo menos durante los últimos 30 años y una situación socio económica compleja, ligada a problemas estructurales de miseria, pobreza, desempleo, informalidad y una corrupción que hemos denominado de doble vía, producto principalmente de la negligencia y el abandono gubernamental. Ahora bien, en este contexto, la crisis migratoria ha potenciado algunos fenómenos de criminalidad en la frontera, en donde todos ellos son factores determinantes en las violaciones a los derechos humanos que sufren tanto colombianos como venezolanos que habitan el territorio fronterizo y la población migrante, que son víctimas de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados masivos, reclutamiento forzado, vinculación a redes de tráfico de narcóticos y de personas, entre otros, como lo muestran las cifras a junio del 2020 en donde han sido asesinados 24 ciudadanos venezolanos y 7 han sido desaparecidos de manera forzada.
La pandemia no ha logrado paralizar las actividades ilegales en la frontera. Al parecer han recobrado fuerzas y montado incluso nuevas rutas, tanto para el gran contrabando, como para el narcotráfico, en donde el río Catatumbo viene cumpliendo un papel clave por su desembocadura al lago de Maracaibo.
Las violaciones a los derechos humanos, incluidos los homicidios tampoco se detienen. La guerra declarada entre grupos armados de guerrillas y paramilitares, no solo han puesto en la mira a comunidades, organizaciones y líderes, sino que han sido objeto de amenazas, homicidios, desplazamientos masivos y desapariciones.
Wilfredo Cañizares Arévalo, Director Fundación Progresar
Foto tomada de: Agencia Prensa Rural
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