Las garantías de seguridad humana para sectores especialmente sensibles como líderes y lideresas sociales, excombatientes y comunidades vulnerables, fue uno de los objetivos centrales del Acuerdo, recogidos en el punto 3.4.[1]. Sin embargo, su desarrollo es prácticamente nulo, mientras que, al hacer un recorrido por las cifras de violencia en estos años, justamente las más altas, son las que buscaba proteger el Acuerdo de Paz.
Líderes sociales
Al menos 750 personas dedicadas a defender los derechos de sus comunidades fueron asesinadas en este tiempo[2]. Era claro que los líderes y lideresas sociales en los territorios jugarían un papel clave en la implementar el Acuerdo de Paz, especialmente por la desconfianza entre las comunidades y el Estado colombiano, y la falta de información y claridad de proyectos y programas, para lo cual, los liderazgos sociales tenderían valiosos puentes. Pero pasó todo lo contrario, el incremento de agresiones contra estas personas sorprendió a propios y ajenos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos debieron fortalecer sus equipos para tener la capacidad de monitorear y verificar tan dolorosa tendencia, mientras los titulares de medios de información registraron sin cesar el sacrificio de los mejores hombres y mujeres defensoras de derechos en diferentes partes del país. Las campañas de sensibilización frente a la situación coparon el mundo de las redes sociales y la comunidad internacional redobló sus pronunciamientos.
Se suma a este panorama, el aumento exponencial de la violencia contra personas ambientalistas en el país. De acuerdo con la organización británica Global Witness, entre el 2019 y 2020 en Colombia, fueron sido asesinadas 129 activistas del medio ambiente[3]. Una cifra crítica, si se tiene en cuenta que entre los años 2017 y 2019 los casos llegaron a 50[4], es decir, un aumento del 38.7%, durante el mandato de Duque. Por ello, no se entiende cómo el Instituto ICCF Teddy Roosevelt de Estados Unidos haya otorgado el Premio Internacional a la Conservación al presidente Iván Duque, pues su gobierno, además de no garantizar la vida e integridad física de estas personas, no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, creado justamente para impedir el cambio climático y proteger la vida de los líderes y lideresas ambientalistas.
Ante ello, el gobierno nacional y Estado colombiano, responsables de la protección y garantía de seguridad física de estas personas, han tenido actitudes ambivalentes y papeles nefastos frente a la tragedia. En ocasiones han minimizado la situación, en otras, expresado alguna preocupación, pero, sobre todo, responsabilizado exclusivamente a grupos criminales asociados al narcotráfico y minería ilegal, de esa violencia, como si el Estado no jugara un papel determinante en la suerte de estas valerosas personas.
Además, durante los tres años largos de su administración, el Presidente Iván Duque y altos funcionarios prometieron una gran política para la protección de personas defensoras de DDHH, que sólo hasta hace unos días fue publicada, pero reducida a un Conpes[5] que no tiene el alcance para frenar la criminalidad contra estas personas y será un documento más de los muchos existentes. Lo irónico de todo, es que el gobierno se demoró más de tres años para sacar este documento, a pocos meses de terminar su mandato, y durante todo este tiempo desconoció que el Acuerdo de Paz cuenta con un amplio abanico de instrumentos jurídicos, políticos e institucionales, con estatus de ley, con “dientes” y poder para enfrentar el fenómeno, pero lo sacrificó con tal de no darle crédito a lo firmado por el gobierno anterior.
Excombatientes firmantes de paz
Quizás uno de los mayores temores manifestados por los negociadores de paz de las ex FARC era la situación de seguridad en que quedaban las tropas, luego de reincorporadas a la vida civil, de ahí la importancia del punto 3.4 del Acuerdo sobre garantías de seguridad humana. Los muchos antecedentes negativos de procesos de paz anteriores eran contundentes para alimentar la desconfianza en las instituciones gubernamentales y estatales, angustias corroboradas al paso de cinco años de la firma del pacto de paz. El número de firmantes de paz de las antiguas FARC asesinados sobre pasa los 300. Sin duda, una cifra alarmante para un Estado que honró su palabra de proteger sus vidas en el tránsito hacia la legalidad.
Además de la desprotección y soledad en la que se encuentran miles de ex combatientes, el propio Presidente Iván Duque, naturaliza la violencia contra los firmantes de paz de las ex FARC, cuando, en el marco de la conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz[6], presentó un detallado informe de las pérdidas humanas en los pasados acuerdos de paz y las mostró como una triste e inevitable realidad que ha acompañado a todos procesos de paz anteriores, así: el M 19, posterior a la firma, perdió el 2.8%, el EPL el 14.2%, la CRS el 18.2%, el Quintín Lame el 3.2%, el PRT el 14.5%, las AUC el 11.3%, y ahora las FARC el 1.4%, pero citando cifras viejas, de febrero de 2021 (254 asesinados), cuando en realidad son 300, es decir, el 2.2%[7].
Razón le asistía a los líderes de las antiguas FARC al desconfiar en la institucionalidad y poner énfasis en el punto 3.4 de garantías de seguridad, y dentro de él, instrumentos como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS, cuya misión es la creación de la política pública para el desmonte del paramilitarismo y otras formas de crimen organizado, Comisión “ninguneada” y manipulada por el gobierno de Iván Duque para impedir su avance. Similar situación pasa con la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, creada en el Acuerdo de Paz para las investigaciones de autores materiales e intelectuales de asesinatos de ex combatientes y líderes sociales, la cual, hasta el momento, ha tenido un papel bastante cuestionable.
Comunidades a merced de la violencia
Según, Indepaz, entre el 2021 y 2021 se han cometido 179 masacres en el territorio nacional, con un número aproximado de 694 víctimas[8], sólo en dos años. Realmente es demasiado, cuando pensábamos que esta modalidad de violencia era asunto del pasado y que la no repetición estaba consumada.
Y no se trata, como argumenta con frecuencia el gobierno nacional, un problema de terceros y de grupos ilegales asociados al narcotráfico y la minería ilegal. No. Este desangre obedece a la no implementación del pacto de paz, a la vocación mafiosa del partido de gobierno y su aquiescencia con el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción e interés porque la conflictividad armada se mantenga en muchos territorios, y viendo crecer los grupos ilegales sin utilizar los instrumentos creados en el Acuerdo para contrarrestarlos.
La violencia ha sido siempre el medio preferido de las clases políticas tradicionales corruptas y sus poderes reales en las localidades para acumular económicamente a partir del despojo, la represión y el terror. Mantener la convulsión en las regiones para justificar la militarización, no importa el costo humano de los pueblos étnicos y campesinos. Controlar el ascenso de los movimientos sociales, impedir la organización de las comunidades y mantener el atraso y exclusión de grandes poblaciones populares del poder local y nacional, también son objetivos que se logran, a través de contextos marcados por la violencia. Eso no se puede perder de vista.
Dado que la administración de Duque y el Centro Democrático lograron el objetivo de hacer trizas el Acuerdo de Paz y con ello, perpetuar la violencia y sus consecuentes crisis humanitarias, es un imperativo ético de un próximo gobierno nacional, retomar la ejecución integral del Acuerdo de Paz, revivir los diálogos con el ELN, plantear una rigurosa propuesta de sometimiento a la justicia con garantías para otros grupos ilegales, proponer una política alternativa al narcotráfico y convocar a un verdadero y genuino pacto por la vida, la paz y la convivencia de Colombia.
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[1] Punto 3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
[2] Cifra acumulada en el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de DDHH del Programa Somos Defensores. En: https://somosdefensores.org/
[3] Global Witness. 2021. La última línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Recuperado de: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
[4] Ibídem.
[5] Documento Conpes 4063. Política Pública de Garantís y Respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social.
[6] Intervención del Presidente Iván Duque en la Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz (Noviembre 24 de 2021). Instalaciones de la JEP. En: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-habla-sobre-el-proceso-de-paz-tras-anos-de-la-firma-del-acuerdo-634534
[7] Ibídem. Minuto 1:48.00
[8] Indepaz. 2021. 5 años del Acuerdo de Paz. Balance en cifras de la violencia en los territorios. En: http://www.indepaz.org.co/5-anos-del-acuerdo-de-paz-balance-en-cifras-de-la-violencia-en-los-territorios/
Diana Sánchez Lara, Directora de la Asociación Minga
Foto tomada de: La Razón
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