“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”.
Mohandas Mahatma Gandhi
El odio ha generado grandes réditos políticos, y la extrema derecha colombiana una vez más se articula en la emoción primitiva de procurar el mal ajeno. Antes se nucleaban en el interés de enriquecerse y de disponer del Estado como un cuerpo de sirvientes a su merced. Ellos odian a los pobres por sobre todas las cosas, a los que consideran indignos de una existencia superior; odian a los estudiantes, a los profesores, a los artistas, a los escritores, porque son poco manipulables; odian a los sacerdotes que mantienen la opción preferencial por los pobres, y toleran a aquellos que por limosnas les hacen salemas y echan incienso a su paso. Ellos no tienen religión distinta a la acumulación, y sus ceremonias consisten en contrastar con cristos harapientos la elegancia que ellos creen tener. Elegancia supuesta, porque después de haber sido atravesados por la estética del narcotráfico antioqueño eso de clase no pasa de ser una categoría sociológica.
Ahora que hay gobierno alternativo se proponen hacer imposible el cambio, desean que a Colombia le vaya mal para que la mediocridad de sus administraciones quede como paradigma de conducción, y profesan la mentira como herramienta política porque odian la verdad. Claro, odian la paz, en este siglo se han declarado públicamente sus enemigos. Curiosamente odian más a los manifestantes llamados de La Primera Línea, que a cualquier actor del conflicto, sin que hayan sentido malquerencia por el paramilitarismo.
Resulta curioso que las baterías de los ultramontanos se dirijan con más ardor a los jóvenes de la Primera Línea que contra la insurgencia que los ha combatido por las armas, y que acepten con más gusto una amnistía a los guerrilleros del ELN que a los que salieron a las calles con elementos defensivos, escudo y casco, en el estallido social a protestar el mal gobierno Duque Uribe.
Soslayan que millones de manifestantes en todo el país rechazaron una reforma tributaria que el gobierno pretendía imponer gravando a los más pobres, mientras exoneraba a los más ricos. En otras palabras, en el Paro Nacional se protestó en defensa del bien común, mientras que el gobierno actuó en defesa de intereses particulares, lo que marca la justeza de la causa del Paro. La respuesta estatal fue dar tratamiento de guerra a los manifestantes, a los propios colombianos, a los que negó su ciudadanía para convertirlos en enemigos. Con ello desvirtuó a las Fuerzas Armadas, que en lugar de defender a los ciudadanos no sólo enajenaron sus derechos, sino que los hizo objeto de tratos degradantes.
Se debe recordar que la protesta se realizó mediante marchas que siempre fueron pacíficas hasta que el gobierno mandaba el ESMAD, cual escuadra de sicarios, a atacarlas, para luego calificarlas de violentas cuando la población recurría a métodos callejeros para defenderse. Recurso consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
El movimiento social contra la reforma triunfó al obligar al gobierno a retirar el articulado, pero la brutalidad policial fue tal que la movilización se mantuvo contra esta. Entonces, fue una guerra de un gobierno canalla contra un pueblo, donde la policía y el Ejército procedieron contra todos los ciudadanos en donde sucedían las protestas.
Se estigmatizó a poblaciones enteras, hubo infiltración de agentes del Estado a los manifestantes para inducir la comisión de delitos. La privación arbitraria de la libertad fue norma junto a las violaciones carnales de jóvenes manifestantes, los disparos a los ojos de los estudiantes, la tortura, la desaparición, los asesinatos, los desmembramientos…
Bien decía Heródoto: “las grandes hazañas por lo general son forjadas bajo grandes riesgos”.
Fruto del terror estatal quedan más de 200 manifestantes procesados con cargos de terrorismo, a petición del gobierno de entonces, y con una Fiscalía General de la Nación que se convirtió en un instrumento de persecución a opositores. Hoy los que usaron el poder para atacar al pueblo colombiano cierran filas contra un puñado de jóvenes heroicos encarcelados por protestar, porque con el sacrificio de los de la Primera Línea pretenden meter de contrabando la legitimidad del gobierno Duque Uribe, ilegítimo desde su elección fraudulenta y mediante la compra de votos con dineros de la mafia; ilegítimo en sus fines de demoler la paz lograda, de empobrecer a los pobres para más enriquecer a los ricos, ilegítimo por depredar el medio ambiente, y por embolsillarse los recursos públicos; como fueron ilegítimos los métodos para sostenerse en el gobierno mediante la mentira, el contubernio con las mafias, y el terrorismo de Estado con sus masacres, sus asesinatos de líderes, y sus presos políticos.
Mantener en prisión a los manifestantes del Paro Nacional es sacralizar el terrorismo de Estado, es negar el derecho a la defensa, que cuando el agresor es el mismo Estado este derecho ha de considerarse de mayor valor. Curiosamente, quienes niegan el derecho de los manifestantes a defenderse de los ataques de un gobierno descompuesto son los autodefensores de siempre, los aupadores de paramilitares que masacran a campesinos amarrados.
Los mismos enemigos de la paz salen en la misma gavilla de antes a vociferar contra la paz, y pretenden limpiar el recuerdo del peor gobierno en doscientos años de pésimos gobiernos, y bendecir con sangre de inocentes los asesinatos y latrocinios del régimen Duque Uribe, pero, invocar la legalidad del Estado para una acción injusta no le da justeza a esa actuación, sino que deslegitima mucho más al gobierno que así obra. Ni cargar de delitos a los que protestan, por medio de una Fiscalía indecente, tornará justo lo que siempre fue una injusticia.
Se deben volver a poner las cosas en su sitio: Protestar es un derecho y reprimir la protesta es un delito. Así hayan empleado la engañifa que ese gobierno respetaba la protesta, siempre y cuando se realizara en ninguna parte. Igual, resistir a una agresión es legítimo derecho a la defensa.
Los ultragodos que juran sacralizar la legalidad, lo hacen porque han disociado la justicia de la ley, donde lo injusto es legal, mientras que la búsqueda de la justicia es ilegal. Esto señala la tragedia de quienes obrando en defensa del interés colectivo terminan encarcelados por el odio de quienes fueron desnudados en el estallido social, y es deber de un gobierno de cambio corregir el desafuero: Hacer justa la legalidad y poner en libertad a los presos políticos.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Twitter Jose Guarnizo
Muy buena defensa social de la muchachada de la primera línea.
“Los ultragodos que juran sacralizar la legalidad, lo hacen porque han disociado la justicia de la ley, donde lo injusto es legal, mientras que la búsqueda de la justicia es ilegal”.
Un artículo muy pertinente en cuanto a como se han distorsionado los valores reales de la justicia existente.
Especial saludo y gracias por compartirlo.
¡Libertad para la primera línea!
Excelente análisis.