La Delegación estuvo conformada por siete personas: Beatriz Merás Colunga – Asamblea Moza d’Asturies. Lucía Muñoz Dalda, Diputada de UNIDAS PODEMOS en el Congreso de España. Manu Pineda – Europarlamentario español, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea – América Latina. Javier Arjona Muñoz – de la ONG Soldepaz Pachakuti. Nathalia Gamarra Syniuk – Ingeniería Sin Fronteras Asturias y de la Coordinadora Asturiana de Ongs. Marta Mosquera Guimeráns – Asesora en el Parlamento Europeo y Javier Orozco Peñaranda – Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, Técnico de la XVII Delegación Asturiana en Colombia.
Esta XVII visita al país tuvo como propósito elaborar un informe para presentar a los parlamentos asturiano, español y europeo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Esta actividad es digna de resaltar como evidencia de sistematicidad en el respaldo a la sociedad civil, a las víctimas del conflicto armado, a los movimientos sociales y a la firma del Acuerdo de Paz. De allí, su prioridad en la protección de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de las personas defensoras de los derechos humanos.
El Programa Asturiano de derechos Humanos PAV-DDHH en sus 21 años de existencia ha protegido 125 personas y se apresta a tramitar el apoyo de cinco personas más en 2021, en una dinámica de paulatina recuperación de su papel en la cooperación internacional, después de haber pasado su país por recortes cercanos al 70% de los recursos y programas por parte de los gobiernos español y de la Comunidad Autónoma.
La XVII Delegación fue conformada a instancias de nueve organizaciones colombianas, como bien lo enuncia en Prensa Indígena, Arjona (11, 03, 2021), algunas con estatus de observadoras ante la ONU y la OEA y su visita es coherente con las Relatorías de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra a finales de febrero y principios de marzo y sus reportes de graves violaciones de los derechos humanos, del incumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno, particularmente en relación con la protección de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de las personas defensoras de derechos humanos, como también lo ha señalado el Secretario General Antonio Guterres, en el Informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de la ONU.
En su recorrido por Colombia, la delegación realizó visitas a los departamentos del Cauca, del Valle, el Meta, Magdalena, Guajira, Cesar, Bogotá (Ciudad Bolívar) y Cundinamarca (Soacha). La visita coincidió con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (de carácter ético), realizada en Colombia durante los días 26 y 27 de marzo con relación al genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz.
Dentro del trabajo de campo realizado en su XVII visita se llevaron a cabo audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades civiles y militares con el fin de elaborar el informe a presentar a mediados de mayo ante los parlamentos asturiano, español y europeo y en procura de incidir a través del gobierno español para que se tomen medidas eficaces con respecto al gobierno de Colombia y su falta de compromiso práctico, en relación con la implementación del Acuerdo de Paz.
En las visitas se realizaron contactos con excombatientes en los Espacios Territoriales Mariana Paez y Simón Trinidad en el Meta, así como Pondones de Guajira; se reunieron con la ONIC; se contactaron con comunidades de Caloto-Cauca, de Buenaventura y Tumaco. Estuvieron en Ciudad Bolívar en Bogotá, en San Mateo-Soacha, con familiares de las víctimas del incendio en la Estación de Policía, entre ellas, la Fundación Rosa Negra y el Concejal Heiner Gaitán Parra, el Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca y Fensuagro. En el Palenque Rincón Guapo en la Costa Caribe, en el Parque Tayrona con el pueblo Arhuaco y los campesinos de Lengüeta en Santa Marta; así mismo, conversaron con las organizaciones sindicales mineras de Valledupar, entre otros.
En su pronunciamiento al final de la visita, la Delegación indicó la existencia de una situación que afecta el disfrute del derecho humano a la paz donde ocurre el exterminio físico, sistemático e impune de la dirigencia social; señala la pervivencia de esta situación en los territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y afros. Insiste en que, a pesar de la voluntad expresada en el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC EP, en noviembre de 2016, “Colombia no está en paz ni en postconflicto” y destaca que el Gobierno Duque simula cumplir de manera formal mientras se desata un nuevo ciclo de violencia “que resulta letal para la dirigencia social y las comunidades del campo y de la ciudad”.
Como muestra Pushaina (26, 03, 2021), la Declaración final de la Delegación es contundente en señalar que la situación de los derechos humanos va de mal en peor, dados los incumplimientos del Acuerdo de Paz, la reparamilitarización, las guerrillas, la brutalidad policial, el abandono de los territorios, la impunidad y el desgobierno.
Con base en la visita realizada a los Espacios Territoriales de reincorporación, la delegación encuentra falta de interés del gobierno en el adelanto de proyectos productivos para excombatientes, entre otras por la no adjudicación de tierras; enfatiza, además, que los recursos provienen en buena parte de la Unión Europea, pero, se pierden en la maraña burocrática y las redes clientelares montadas por el gobierno.
La Declaración es enfática al insistir que son millones las personas sometidas a la violencia de actores armados legales e ilegales, que violan los derechos humanos y las reglas de la guerra, mientras crecen las economías ligadas al narcotráfico la especulación, la minería ilegal y la agroindustria protegida por grupos paramilitares que atacan a la dirigencia social. Al respecto, destaca que dicha violencia profundiza la concentración de la tierra en pocas manos y, con ello, la exclusión del campesinado, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas.
También, resalta la afectación que provoca la falta de diálogo con el ELN somete a las comunidades de sus áreas de influencia a los rigores de la guerra, mientras la fuerza pública viola el Derecho Internacional Humanitario y persiste “en aliarse con grupos paramilitares para arredrar a la población civil a la que dan el trato de enemigo interno”. Al respecto, alude a las declaraciones del Ministro de Defensa que justifican el bombardeo de menores de edad, violando los convenios internacionales suscritos por Colombia.
Destaca que durante el gobierno de Duque han sido asesinadas 736 personas líderes sociales, lo que refleja la falta de garantías para llevar la representación legítima de las comunidades y evidencia la posible configuración de delitos de genocidio y etnocidio.
Así mismo, advierte que más de 270 excombatientes de las FARC han sido asesinados y cerca de 1.400 siguen privados de la libertad, cuando deberían estar cobijados por la figura del indulto.
Estas problemáticas las destaca en el Meta y en el Cauca. Señala la permisividad de la policía y del ejército nacional en los retenes que debieran perseguir el tráfico de insumos y el transporte de coca y marihuana en la vía entre Santander de Quilichao, Corinto y Toribío. Al tiempo, denuncia que la delegación fue hostigada con ráfagas de fusil en el sector de El Palo, incluso, con la existencia de retenes de la fuerza pública.
La Declaración exalta la firmeza de los pueblos indígenas en su lucha por la paz, la vida, la autonomía, la unidad y la armonía territorial, lo que estorba a las mafias del narcotráfico, a las empresas mineras y a los ingenios azucareros. Al respecto, denuncia que los pueblos indígenas están siendo sometidos al exterminio físico y cultural. Especialmente, en el Norte del Cauca donde ocurre el asesinato de autoridades indígenas, de comuneros e integrantes de la Guardia Indígena. En tal sentido, enfatiza que la erradicación forzada de cultivos ilegales y el incumplimiento de los acuerdos y compromisos sobre compra de tierras, firmados por el gobierno con los pueblos indígenas, estimula el conflicto social y la violencia de los grupos que protegen la narco economía y el latifundio. En tal sentido, insta al gobierno a adquirir predios como los relacionados con las Fincas Emperatriz y Los Mangos en Caloto.
Con respecto a los pobladores de las zonas marginales de Buenaventura y Tumaco, la Declaración señala la tendencia a la profundización de la violencia resultante de la ampliación de las infraestructuras para el comercio marítimo, sin que la Sociedad Portuaria y el Gobierno protejan a los trabajadores encargados de la seguridad del Puerto desde donde se embarcan cargamentos de drogas con destino a Estados Unidos y Europa. En dicho contexto, imperan las amenazas de los narcotraficantes, el silencio de la administración portuaria y la negligencia gubernamental. La Declaración denuncia la intimidación y persecución a las organizaciones de derechos humanos, al Comité de solidaridad con los Presos Políticos, a la CUT, así como a las organizaciones ambientalistas, estudiantiles y colectivos de personas LGBTI en el Valle del Cauca.
Con respecto a Bogotá, la Declaración plantea el abandono por parte del Alcaldía Distrital con respecto a las personas excluidas, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, ubicadas en Ciudad Bolívar. Destaca la ausencia del gobierno para resolver problemas urgentes de titulación de viviendas, de vías, de educación, salud, agua, alcantarillado, energía, alimentación y seguridad en barrios como Ensueños, Maravillas de Dios, Tabor, Primavera, Alta Loma y Los Alpes.
Así mismo, deplora la denigrante situación de abandono del Pueblo Embera Chamí y Katío, desplazada de los territorios ancestrales, particularmente del Chocó, sometidos a la mendicidad en Ciudad Bolívar, sin atención social ni posibilidad de retorno con garantías, donde el desplazamiento forzado continúa, mientras que en Bogotá sus ventas de artesanías son precarias.
También, en Bogotá y el municipio de Soacha, en San Mateo, la Declaración destaca las graves denuncias con respecto a los hechos policiales relacionados con el asesinato de, al menos, trece personas durante las movilizaciones contra la brutalidad policial en septiembre de 2020. Al tiempo, señala como uno de los casos más irregulares el relacionado con el incendio del CAI de San Mateo donde se encontraban 11 personas retenidas y las quemaduras provocadas que acarrearon la muerte de ocho personas, ante la negligencia y obstaculización policial para controlar la conflagración, según testimonios de familiares de las víctimas.
Con respecto al municipio de Soacha, la Declaración da cuenta de la presencia de grupos paramilitares y bandas de extorsionistas que amenazan, asesinan y desparecen personas que, presumiblemente, son llevadas a un vertedero de escombros custodiado por actores armados. Al respecto, las personas de la comunidad denuncian la conducta omisiva del alcalde municipal, frente a esta situación.
Así mismo, denuncia la violencia policial, incluso, sexual y vejatoria contra las mujeres y personas LGBTI, especialmente, contra las mujeres trans. Se insiste en la ausencia de personal policial femenino en procesos de detención y custodia.
En todas las regiones se denuncia el reclutamiento forzado y masivo de jóvenes y menores de edad para la guerra. Así mismo, se mantiene el despojo territorial y el desplazamiento forzado.
En lo referente a los departamentos del Magdalena y Cesar, las mujeres denuncian los rigores del conflicto, la trata de personas y la prostitución infantil. En la costa Caribe las comunidades negras están sometidas a procesos de violencia y exclusión; se les despoja de sus posesiones, como es el caso del Palenque Rincón Guapo. La niñez es marginada de los procesos educativos ante las largas distancias que deben recorrer a pie y ante la falta de servicios de internet gratuitos para recibir las clases durante el confinamiento.
En lo referente al Parque Nacional Tayrona, los pueblos indígenas son víctimas del conflicto armado y del incumplimiento del Acuerdo de Paz. Al tiempo, empresarios ajenos al territorio se apropian de las tierras para incursionar en la industria hotelera. Paralelamente, el gobierno nacional evidencia falta de voluntad para apoyar iniciativas productivas que garanticen la permanencia de las comunidades, lo que agrava la falta de titularidad de los territorios ancestrales y deteriora la capacidad de supervivencia de la población raizal.
En Santa Marta, cerca de dos mil campesinos de Lengüeta, cerca del Parque Tayrona, reclaman con urgencia la titulación de la propiedad de sus tierras o su reubicación, dado que no logran desarrollar sus proyectos de vida y carecen de los servicios de energía, agua, saneamiento básico y atención en salud, ambulancia e insumos médicos, lo que lleva a muertes evitables, como el caso de bebés recién nacidas.
En lo que respecta a Valledupar, los trabajadores mineros del carbón denuncian la persecución sindical, la violación de los derechos laborales y el ejercicio de la represión oficial, del terror paramilitar para acallar la protesta social frente a los graves impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala.
En la Audiencia realizada y en la rueda de prensa, ver Sindicato Agrario Sinpeagricun y Dickinson (23, 03, 2021), se insistió en que la oleada de violencia en los territorios viene acompañada de procesos de sustitución de población en los territorios, lo que se puede agudizar en medio de la campaña electoral. Mientras tanto, el Gobierno Duque intenta posicionar en Europa la imagen de una Colombia en posconflicto. En contraste, la realidad es que la situación tiende a agravarse dada la persistencia del paramilitarismo, de las organizaciones armadas ilegales y de las violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
En estas condiciones, el Informe que se presentará al parlamento asturiano, al parlamento español y al parlamento europeo buscará ir más allá de los pronunciamientos, en procura de avanzar en niveles de incidencia y presión al gobierno colombiano, así como en relación con el afianzamiento de los mecanismos de seguimiento y cumplimiento del objeto misional de Naciones Unidas y de las instancias internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, frente a la violación de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos étnicos.
En esa óptica, valoran el papel de la organización social y la capacidad de superar la desinformación de los grandes medios de comunicación, lo que confiere importancia al papel de la comunicación alternativa.
Desde dicha perspectiva, en su Declaración, la Delegación Asturiana valora la capacidad de organización y autogestión de las comunidades excluidas de los derechos económicos, sociales y culturales. Expresan su respeto a las víctimas del conflicto armado y respaldan su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Fuentes:
Arjona Javier. España: 17ª Delegación Asturiana de Verificación a los DDHH en Colombia. Prensa Indígena. 11 de marzo de 2021.
Pushaina Willander. Declaración Final de la XVII Delegación Asturiana de verificación de los DDHH en Colombia. ONIC. 26 de marzo de 2021.
Sindicato Agrario Sinpeagricun y Dickinson Elizabeth. Audiencia Pública XVII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los DDHH en Colombia. 23 de marzo de 2021.
Ver: blob:https://www.facebook.com/ce9382f4-848e-45f8-ad6c-495a4acfedc4
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.onic.org.co/
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