Después de perder dos valiosos años, el Gobierno esperaba que 2020 le ofreciera la oportunidad para sacar adelante sus principales políticas antes de ser atrapado en la vorágine de la campaña por las elecciones de 2022. Al asumir el poder, Iván Duque anunció que buscaría la reconciliación nacional; los acontecimientos, sin embargo, han dado lugar al mantenimiento de una polarización sostenida que obnubila la razón y solivianta los ánimos.
Iván Duque proclama a los cuatro vientos que es respetuoso de las instituciones, defensor del Estado de derecho y garante de la división de poderes, pero una vez conocida la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se entregó a una apología sin matices en defensa de Álvaro Uribe, criticando lo que considera son fallos en el funcionamiento del sistema de justicia, con el argumento de que como gobernante su deber también consiste en defender los derechos de los procesados. Tal vez olvida el mandatario que como presidente de todos los colombianos y jefe de Estado, es también símbolo de la unidad nacional y no le conviene terminar atrapado en una encrucijada que pierde vista los motivos que explican la decisión de los magistrados y se sume en el pantano de las pasiones y las ideologías.
Los seguidores de Uribe han reaccionado ante la decisión judicial con acusaciones infundadas de sesgo ideológico. Critican la decisión de la Corte Suprema con el argumento de que no es posible que un guerrillero como Timochenko esté libre y en el Congreso, y que a Santrich se le haya concedido la libertad a pesar de estar sindicado de múltiples delitos, mientras se ha ordenado la detención de un expresidente de la República sin antecedentes judiciales. Esta afirmación insinúa claramente que la Corte no actuó en derecho sino con criterio político, obviando la lógica jurídica y las normas que rigen el razonamiento de los jueces, que las garantías son las mismas para todos los parlamentarios, aun cuando en alguna época hayan sido guerrilleros, y que todos los colombianos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro estatus social.
El presidente Duque hace valer también su condición de ciudadano para emitir libremente su opinión, lo cual es válido si no sobrepasa los límites de su ámbito privado, pero en la escena pública su toma de posición es abiertamente partidista y nada conciliadora. Deja de actuar como jefe de Estado para adoptar la estrategia política del uribismo que consiste en pasar por alto la posible comisión de un delito de soborno y victimizar al expresidente para ablandar corazones y, de paso promover reformas que han estado enquistadas en el uribismo más radical. Esta estrategia incluye una reforma integral de la justicia, de antemano llamada al fracaso si se la ve como un acto de venganza contra la Corte Suprema.
Lo planeado por el uribismo puede salir muy bien o muy mal. La encrucijada en la que se encuentra Duque lleva a la pregunta de si como presidente va a asumir la defensa de Uribe como su bandera de gobierno, movido por solidaridad personal y gratitud por quien lo llevó a la presidencia, o si va a dedicar sus esfuerzos a capear la crisis y sacar adelante el país, respetando las instituciones y actuando en el marco del Estado de derecho.
La Corte Suprema ha recibido señales de respaldo, no solamente de intelectuales y líderes políticos, sino también de actores internacionales como José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Uribe no solamente ha creado una situación sin precedente en Colombia. También ha abierto la caja de Pandora en su partido y muy probablemente será determinante en las próximas elecciones presidenciales. El camino que queda por recorrer hasta 2022 está lleno de desafíos y una sana lógica indica que la situación que se vive requiere más que nunca consensos institucionales para levantar al país tras los estragos causados por la pandemia, pero el sectarismo político da lugar a pronósticos inciertos.
La detención de Uribe ha hecho más evidentes las fisuras entre el presidente de la República y su partido. El ala radical del Centro Democrático exige que el primer mandatario no se comporte con la ecuanimidad de un jefe de Estado sino como un líder partidista que encabece el movimiento para poner en libertad al expresidente. El ala moderada piensa más en la búsqueda de aliados en el Congreso y en el legado de esta administración. Y en los entresijos, algunos se ven ya como los candidatos de su partido para las próximas elecciones. La dirección de los vientos en la situación de tensa polarización que se vive en el país depende también del impacto electoral para los movimientos de centro ante la radicalización entre derecha e izquierda y la reacción de la ciudadanía.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: https://www.elespectador.com/
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