Las políticas de drogas han mantenido una visibilidad importante dadas las noticias que provienen del norte del mundo. Es paradójico, sin embargo, que los medios no brinden el mismo cubrimiento a los hechos violatorios de derechos humanos causados por la erradicación forzada y violenta, herramienta usada de manera predilecta por los últimos gobiernos, siendo el de Duque el más obtuso en la aplicación de su fórmula “paz con legalidad” con la cual procura la destrucción de todos los cultivos de coca en el país.
Una aporía es una dificultad lógica insuperable según la leyenda de Aquiles y la tortuga. Sucesivos gobiernos se basan en conceptos y prácticas que contienen una inviabilidad de orden racional. En el mercado de drogas justamente se desconoce que se trata de una economía global en la que existen una serie de ventajas comparativas en el campo de la agricultura y competitivas por los altos recursos que genera, pero que son reducidos únicamente al campo del cultivo como actividad ilícita. Por ello los esfuerzos institucionales, en su pretendida lucha contra drogas, solo golpean el tablero de ajedrez para desordenar fichas mientras nuevos jugadores toman el control, perpetuando la máxima de “a rey muerto, rey puesto”.
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Mapa elaborado por Juan Fernández del IDPC
En la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas y después de aplazamientos por fin se votó un conjunto de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En una votación de 27 a 25, la Comisión decidió la reclasificación del cannabis de la lista de sustancias más peligrosas en la que figuraba esta planta desde 1971, a una en la que se reconocen sus valores terapéuticos y medicinales. La evidencia científica sirvió como base para esta decisión la cual ya había sido adoptada de forma autónoma por varias naciones. Esta votación supone que a nivel mundial la ONU, la OMS y la Comisión de drogas aceptan que el cannabis es medicinal, lo cual se considera por el mundo proreformas como un paso en la dirección correcta, todavía insuficiente.
A su turno, desde la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos la mayoría de legisladores votó a favor para legalizar el uso medicinal y recreativo del cannabis en todo el país, poniendo a tono la ley federal con los avances que ya varios estados han tenido al respecto. “El uso de la marihuana es un comportamiento socialmente aceptable o es una conducta criminal, pero no puede ser un comportamiento socialmente aceptable en algunos barrios y una conducta criminal en otros cuando la línea divisoria es la raza, y por eso debemos aprobar (esta ley), despenalizar la marihuana en Estados Unidos y dar vida al principio de libertad y justicia para todos” dijo Earl Blumenauer congresista demócrata de Oregón.
Imagen capturada de señal de televisión de sesión de House of Representative (internet)
A esto se sumó la presentación formal de un informe elaborado por la Comisión Hemisférica de Políticas de Drogas (WHDPC por sus siglas en inglés), en el cual se dijo abiertamente que el Plan Colombia no sirvió como mecanismo para contener el flujo de cocaína que llega a los Estados Unidos, que tuvo carácter contrainsurgente, pero que incrementó las desconfianzas de las comunidades en el Estado de derecho. El peso de este informe radica en que la Comisión que lo redactó trabajó más de un año en su elaboración, que ella está compuesta por técnicos y expertos cercanos al presidente Joe Biden, que cuenta con respaldo bipartidista y que se convierte en un reporte que choca con los continuos pedidos del Gobierno Duque por revivir las aspersiones aéreas y aumentar la erradicación forzada.
En resumen, la Comisión sostiene que el Plan Colombia fracasó en su lucha contra drogas, que fue un derroche de dinero de los contribuyentes y que el mecanismo unilateral de la certificación anual expedida por Estados Unidos como medida de control a Colombia debe ser revisada. En sus recomendaciones propone construir carreteras terciarias, apoyar los programas de titulación de tierras y de inclusión social, brindar medios de vida alternativos al campesinado, proteger los líderes locales, facilitar la asistencia para la desmovilización, enganchar al sector privado, llamar a la cooperación y los donantes en una conferencia internacional y mantener un dialogo de alto nivel entre los dos gobiernos. Sobre las acciones antidrogas plantea destruir laboratorios y hacer una erradicación selectiva, dado que “enviar trabajadores y fuerzas de seguridad a áreas remotas para eliminar pequeñas parcelas de coca es un esfuerzo inútil” dice el informe.
Tristemente, varias de estas recomendaciones han sido levantadas por las comunidades desde hace más de 25 años, incluso, en reuniones de cabildeo en Washington varias ONG también las han planteado. Un poco tarde pero este reporte podría tener un alto impacto en la política de los Estados Unidos hacia Colombia, en particular si la nueva administración gringa le presta atención, como lo espera Adam Isacson, investigador de WOLA, puesto que se superaría la etapa en la que Trump regañaba con frecuencia al presidente Duque, como si de un mandadero suyo se tratara.
En Bogotá, por iniciativa de una comisión de drogas que compuso el Senado de la República, de la que forman parte Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco, se produjo una Conferencia Internacional sobre Políticas de Drogas, que concitó la participación de expertos y expertas de México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Bolivia, Perú y Colombia. Este grupo de senadores promueven una ley que permite el uso del cannabis por personas adultas con reglamentaciones que incluyen a comunidades campesinas y étnicas como cultivadoras de parte de la oferta que necesitaría el mercado.
Poster de la Conferencia organizada por el Senado de Colombia y liderada por Gustavo Bolívar
En esa conferencia, el expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, dijo que la “prohibición es la madre de todos los problemas que tiene hoy la lucha mundial contra las drogas. En la medida que le quitemos el negocio a las mafias, y ese negocio lo asuma el Estado, podemos encontrar una solución eficaz”. Pero añadió que se equivocó “pensando que la mano dura era la solución al narcotráfico”. Efectivamente, siendo presidente Santos combinó el inicio de un débil programa de sustitución de cultivos derivado del acuerdo de paz con la imposición de metas de erradicación por parte del Ministerio de Defensa, lo que causó graves violaciones a derechos humanos[1].
¿Mercados de drogas ilegales para quién?
Es sabido que debido a la ilicitud el mercado de drogas genera unas altas rentas que requieren protección y mecanismos de seguridad que cuiden de ellas. Los actores intervinientes en aras de mantener su participación en la etapa que les corresponde adoptan mecanismos diferenciados de seguridad en el ámbito de la producción, transformación, comercialización, distribución y menudeo, así como en el lavado de activos generados desde esta cadena de valor. Dada la ilegalidad las disputas por su control se tornan violentas hasta cuando generalmente un actor preponderante se impone a los demás.
Pero el mantenimiento de ciertos niveles de protección y seguridad para el negocio no es posible solamente en la clandestinidad, sino que en algún momento se entrecruza o implica a las instituciones de seguridad de los Estados, especialmente en la salida hacia mercados, en el control de rutas o de las áreas de distribución en ciudades. Siempre se encuentran compromisos de sectores de la legalidad en la definición y mantenimiento del orden del negocio, lo cual no es exclusivo de las drogas, sino de las economías ilícitas todas (basta ver el film “diamantes de sangre”), y tampoco es exclusivo de Colombia, sino que se encuentra en Barcelona o Rotterdam[2].
En un texto de los años 90s, escrito por Mylene Sauloy e Ives Le Bonniec titulado “A quién beneficia la cocaína” ya se puede ver que hay un entrecruce de sectores económicos legales con los ilegales que terminan imbricados fuertemente, así como el clientelismo es inherente al sistema político colombiano. Ellos no son separados, sino que terminan siendo uno solo. Es en este punto donde corresponde ver cifras del negocio del narcotráfico.
Según cifras de la Oficina Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, para 2019, el aporte del narco a la economía colombiana supera el 2% del PIB, llegando a más de 19 billones de pesos al año, mientras que, para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF- en un estudio de 2017, señaló que la cifra era de 29 billones y el Banco de la República ha llegado a estimar extraoficialmente ante el Congreso en casi el 5%. El exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, desde prisión, escribió un paper en el que describe a “la cocaína como estabilizador macroeconómico”. ¿La cuestión es, en manos de quien se encuentran esas rentas y que rol juegan ellas en la economía y la democracia nacional?
Definitivamente, no es en manos del campesinado donde se ubican los recursos que genera esta economía, sino que ella como explica Zaith, terminan ingresando en actividades lícitas, mediante diversos mecanismos de trasvase. De hecho, la misma Comisión Hemisférica del Congreso de los Estados Unidos aludida antes, presentó en septiembre de este año otro informe sobre el flujo de dinero producto del narcotráfico y el lavado de activos, el cual recibió menos atención en los medios nacionales. Este otro informe fue elaborado por el Global Financial Integrity por pedido del Congreso y en él se detallan algunos de esos mecanismos de traspaso del dinero ilícito a lo lícito, entre los que se destacan el contrabando de dinero a granel, el uso en actividades comerciales de importación vía zonas francas, y el uso de puertos libres como Colón en Panamá, entre otros. Las cifras que mueve el mercado de drogas cada año, solo en el hemisferio occidental, no caben en la cabeza fácilmente.
Si los recursos astronómicos originados en la ilegalidad no pueden permanecer en actividades ilícitas per se, culminan vinculados a la economía formal y allí se mezclan en actividades diversas: acaparamiento de tierras en los campos, ganadería extensiva, construcción en ciudades intermedias, adquisición y comercio de bienes lícitos, proyectos de toda índole, juegos de suerte y azar, contratación con el Estado, entre otras identificadas en los últimos años. Para mantener estas actividades lícitas fluyendo y garantizar como se explicó antes, el favor de la protección institucional, se tejen alianzas con partidos políticos, liderazgos regionales, el sector empresarial y representantes de la élite incrustada en altos niveles de gobierno.
Ese relacionamiento termina ocasionando no solo la cooptación por parte de elites mafiosas regionales del poder político descentralizado, sino que reconfiguró la democracia desde hace años, lo cual se ejemplifica con la parapolítica que fue una manifestación de la narco política, pero que tiene más ejemplos previos y posteriores, desde el caso del financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Samper, conocida por la revelación de los narco casetes hasta la historia del “memo fantasma”. En efecto, Insight Crime desarrolló, por varios meses, el seguimiento de Guillermo Acevedo un señor de la droga de Colombia que fue líder paramilitar y que habría tenido nexos con la actual Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. Jeremy Mc Dermott, el periodista líder de la investigación, fue galardonado hace poco por el jurado del Premio Simón Bolívar de periodismo investigativo.
La reconfiguración de la democracia opera en el plano local donde nadie puede hacer veeduría o exigir una acción de transparencia sin ser amenazado, donde quien exige restitución de tierras es victimizado, igual que quien denuncia afectaciones en derechos humanos y peor quien osa competir por el poder político territorial sin respaldos de esa misma estirpe o en contravía de las elites a las que busca derrotar. Esa reconfiguración de la democracia se vale del clientelismo, de la orgía de dinero en las campañas y de la máxima plata o plomo que carcome el sistema judicial y electoral, que a su vez conquista gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, así como curules en el congreso nacional.
Acuerdo de paz y lucha contra las mafias
Teniendo en cuenta esta realidad, la Mesa de Diálogos que construyó el Acuerdo de Paz, convino en introducir en el Punto 4, una serie de medidas que buscan frenar el enriquecimiento ilícito y poner el foco sobre el eslabón en donde más riqueza genera el mercado de drogas. Lo que ocurre es que no ha habido voluntad y decisión para implementar este punto. En público solo se habla de los cultivos y la métrica de las hectáreas, de los cultivadores y la erradicación de plantíos, lo cual oculta que en el Acuerdo entre Farc y Estado, se quiso crear una estrategia con mayor alcance. Estos son algunos de los elementos que allí se encuentran y que constituyen las bases de un plan amplio:
- Judicialización efectiva de redes nacionales e internacionales.
- Estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero, incluyendo ajustes normativos.
- Estrategia de lucha contra la corrupción que permite desde ingreso de insumos hasta la salida “normalizada” de embarques por puertos y aeropuertos.
- Control de insumos químicos, entre otros.
Estos aspectos del Acuerdo de Paz que poco se han difundido, coinciden con recomendaciones de la Comisión Asesora de Políticas de Drogas que funcionó durante el primer periodo del presidente Santos. Después, en 2013, el Consejo Nacional de Estupefacientes, siendo Ministro de Justicia, Yesid Reyes, produjo un documento que nunca fue publicado en el que se orientaba una política hacia el control de insumos, la destrucción de laboratorios y más énfasis en las incautaciones. Curiosamente, Colombia nunca puso en funcionamiento completo un interesante programa de control de containers que tiene la UNODC desde hace años funcionando en otras partes del mundo. Así las cosas, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Turbo, Buenaventura y Tumaco no cuentan con todas las herramientas para la fiscalización de miles y miles de contenedores. La excusa como siempre ha sido la falta de presupuesto.
Por su parte, en la Fiscalía General de la Nación, a comienzos de 2019, Daniel Mejía, entonces director de políticas públicas de esa entidad, dio a conocer un estudio sobre patrones de criminalidad, en el cual encontró estaciones de servicio que vendían tanta gasolina como una de Bogotá a pesar de estar ubicadas en zonas remotas de baja población y rodeadas de cultivos de coca. Para situar como ejemplo este caso, la competencia de permisos para el funcionamiento de las gasolineras es del Ministerio de Minas y Energía y de las Alcaldías, pero la vigilancia normativa es nacional. Lo cierto es que cuando se han implementado controles especiales que implican tramites de permisos por cuenta de las autoridades militares para este combustible como ocurrió en el primer periodo del presidente Uribe, los mandos terminaban ejerciendo un poder que no es suyo y que llevó denuncias de corrupción y arbitrariedades también.
Los propósitos del Acuerdo de Paz en materia de drogas pretendieron dar un carácter integral a lo que llamaron “solución al problema de las drogas ilícitas” pero como se observa después de cuatro años, nuevamente ha puesto el foco solo en los cultivadores para eliminar hectáreas por vía de la erradicación forzada generando los choques que han sido denunciados por el Observatorio de Tierras y las violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones campesinas de los territorios, compiladas en el informe de Julio de Viso Mutop, al respecto.
Reducción de daños
En este panorama, los programas y acciones encaminadas a reducir los daños de las drogas y de las políticas sobre ellas, cobran fuerza, en el ámbito de los usuarios, pero es dable también en el terreno de las poblaciones y de la propia democracia. Reducir daños pasa porque los gobernantes acepten que sus políticas están causando más daños que las propias drogas, y tomar medidas basadas en la evidencia y no en discursos ideologizados y de propaganda como los del actual ministro de defensa Carlos Holmes y del presidente Iván Duque.
Reducir el número de homicidios, disminuir violencias es la prioridad en un país que ha reciclado guerras constantemente, como lo afirma la periodista María Teresa Ronderos[3], fundadora del portal Verdad Abierta. Pero también reducir la afectación a las libertades, en un sistema que se dio el lujo de capturar sin resultados de fondo a 500.000 personas entre 2009 y 2014, según la investigación que hicimos con Darío González, titulada “vicios penales”. Pero en las zonas campesinas la clave es desmilitarizar la vida de las comunidades desde el propio Estado, puesto que esto va en desmedro del poder civil y del propio tejido organizativo local; y reducir el daño al medio ambiente como una obligación con la humanidad. Se reconoce en todas partes que la expansión de los cultivos abre camino a las ganaderías y al mercado de tierras, pero se reitera que las fumigaciones aceleran ese proceso y presionan más la expansión de la frontera agrícola.
El informe de la Comisión de Drogas del Congreso de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental se inscribe en una dirección correcta, aunque hay aspectos que valdría la pena revisar con detalle con el equipo que acompañe a Joe Biden en el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. El gobierno Duque con el consejero Archila están buscando fondos de la cooperación gringa a través de la Fundación del multimillonario Howard Buffet, quien ya visitó Catatumbo, y de la recién creada Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo que dirige el empresario Adam Boehler. Con esos recursos pretenden financiar el programa “hecho a la medida” que ha lanzado el gobierno por fuera del PNIS con lo cual, dicen, atraerán a cien mil familias ¡para “erradicar la totalidad de los cultivos” existentes en Colombia! Otra quimera.
Antes que dar palos de ciego, el gobierno, con la canciller a la cabeza, debería convocar la conferencia internacional pactada, en el Acuerdo de Paz de 2016, para hablar de pasta base y de coca-cocaína, el principal producto del mercado agrícola colombiano en la actualidad. En ello, podría ayudar mucho una buena relación con la administración de Estados Unidos, país que, junto a México, Brasil y la Unión Europea, debería encabezar esta discusión, como ya está sucediendo con la cannabis.
Coletilla: Al gobierno se le termina el tiempo, intentando acabar la JEP y retomar las fumigaciones aéreas. En plena época navideña, el 19 de diciembre la ANLA hará audiencia para el trámite del plan con glifosato en contravía de toda la evidencia y de las propias recomendaciones de la WHDPC. Nos opondremos a ello usando todas las herramientas legales disponibles.
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[1] El 5 de octubre de 2017, en Tandil Nariño se produjo la matanza de 8 campesinos a manos de fuerza pública según investigaciones de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía de Colombia, en medio de una operación de erradicación forzada. Santos había dado la orden de erradicar forzadamente 50.000 hectáreas ese año.
[2] Se puede ver “trafficking cocaine” escrito por Damian Zaith de la Universidad de Utrecht, sobre “colombianos emprendedores de droga” en Rotterdam y Amsterdam.
[3] Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, María Teresa Ronderos, Aguilar editores, Bogotá. 2014.
Pedro Arenas, Observatorio de cultivos – Corporación Viso Mutop
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