COP29: una nueva frustración para las esperanzas de justicia climática del Sur global

La sombra del futuro presidente estadounidense Donald Trump ha pesado en las negociaciones diplomáticas. John Podesta, enviado especial de Estados Unidos a la COP29, había intentado tranquilizar a los negociadores afirmando que la lucha contra la crisis climática era “más importante que unas elecciones, un ciclo político y un país”. Pero es difícil ser optimista cuando se sabe que un jefe de Estado negacionista del cambio climático estará al frente del primer productor mundial de petróleo y del segundo país con mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo los próximos cuatro años.

Las tensiones geopolíticas relacionadas con la prolongación de la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio tampoco han facilitado el multilateralismo de la ONU. Ni siquiera el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien afirmó, al día siguiente de la apertura de la COP29, que los yacimientos de petróleo y gas de su país eran un “regalo de Dios”.

Por último, muchos observadores han señalado la falta de ambición política de la presidencia azerbaiyana de la COP29. Marta Torres Gunfaus, directora del programa climático del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri), se disculpó el 22 de noviembre ante la prensa por la “falta de visión y prioridades claras” durante esta COP. Safa’ Al Jayoussi de Oxfam International criticó por su parte “un vergonzoso fracaso de liderazgo”.

Resultado: las decisiones ratificadas tras duras negociaciones por las delegaciones de 197 países presentes en la COP29, e inmediatamente recibidas con protestas de varios países del Sur global, parecen totalmente desconectadas de la realidad social del cambio climático.

Crisis de la financiación climática

En Bakú, Chris Bowen, ministro australiano de Ecología, y su contraparte egipcia, Yasmine Fouad, se encargaron de co-facilitar el tema principal de esta COP29: llegar a un acuerdo sobre un nuevo objetivo de financiación climática para ayudar a los países del Sur a hacer frente al calentamiento global: el “Nuevo objetivo cuantificado colectivo” (NCQG). Los estados del sur son los que emiten menos gases de efecto invernadero, pero son los más vulnerables a los impactos del cambio climático.

En 2009, durante la COP15 de Copenhague (Dinamarca), las naciones más ricas se comprometieron a movilizar, a más tardar en 2020, 100 mil millones de dólares al año para los países más pobres. Esta financiación se logró con dos años de retraso, según la OCDE.

Al final de esta COP29, los llamados Estados “desarrollados”, en particular Estados Unidos, Canadá, Japón y los Estados miembros de la Unión Europea (UE), han prometido transferir a las naciones del Sur al menos 300 mil millones de dólares al año hasta 2035. Una cantidad irrisoria en vista de las necesidades de los países pobres que sufren de lleno un caos climático que se intensifica, mientras que 2024 ya se perfila como el año más caluroso jamás registrado.

A modo de ejemplo, la India defendió que los países industrializados proporcionaran al menos 1 billón de dólares en financiación climática al año a partir de 2025. Y el grupo de países africanos abogaba por un NCQG de 1.300 millones de dólares anuales.

Sus reivindicaciones se basaron en los cálculos de un grupo de expertos encargado por la ONU, el Independent high-level expert group on climate Finance. En un informe publicado el 14 de noviembre, estimó que, sin incluir China, el Sur global necesita 1 billón de dólares en ayuda climática al año hasta 2030, y luego 1.300 millones para 2035.

Estados Unidos y la UE, emisores históricos de gases de efecto invernadero, prefirieron priorizar las negociaciones para que los actuales grandes contaminadores climáticos, como China, o los países con gran capacidad financiera como los Estados del Golfo, también contribuyan. “El mundo ha cambiado desde 1992 [fecha de la Cumbre de Río, que luego creo NUClima – ndlr] y las contribuciones deben reflejar en la medida de lo posible la realidad económica y la realidad de las emisiones acumuladas de cada país”, explicó el 20 de noviembre Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Transición Ecológica.

Al final, el texto sobre los NCQG alude brevemente a esta ampliación de los Estados contribuyentes, “alentando a los países en desarrollo” a aportar “de forma voluntaria” financiación climática. Y un párrafo “pide a todos los actores que trabajen juntos” para lograr, gracias a “todas las fuentes públicas y privadas”, al menos 1.300 millones de dólares al año en ayuda climática para 2035.

“El acuerdo sobre la financiación del clima no es tan ambicioso como exige el momento”, dijo el 24 de noviembre Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París de 2015 sobre el clima, según informó AFP.“La COP29 fue un verdadero desastre y un fracaso total para la justicia climática”, resumió, más pesimista, Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción Climática

Tina Stege, enviada especial para el clima de las Islas Marshall, uno de los países del mundo más amenazados por el cambio climático, se indignó: “Hemos visto lo peor del oportunismo político en esta COP, jugando con la vida de las personas más vulnerables del mundo. “Ningún país ha conseguido todo lo que quería, y dejamos Bakú con una montaña de trabajo por hacer”, concluyó Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU sobre el Clima, en la sesión de clausura de esta COP29.

La salida imposible de los combustibles fósiles

El año pasado, en la COP28 de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), los Estados habían “llamado tímidamente” por primera vez en la historia de las cumbres climáticas a “una transición más allá de los combustibles fósiles”. Esta débil señal política de la necesidad de salir del carbón, el petróleo y el gas, cuya combustión es la causa de alrededor del 90% de las emisiones mundiales de CO₂, no se ha reformulado en los textos adoptados por esta COP29. En particular, en el llamado “Diálogo de los Emiratos Árabes Unidos”, que se supone que aplica las decisiones ratificadas durante la última COP, Arabia Saudí ha sido especialmente activa en los pasillos de las negociaciones para torpedear cualquier mención al fin de los combustibles fósiles.

Además, en plenas discusiones, los líderes del G20 se reunieron los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro (Brasil). Desde Bakú, los negociadores esperaban que este encuentro de las mayores potencias mundiales insuflara un impulso político al marasmo onusiano. En vano. En su declaración final, el G20 subrayó la necesaria reforma de los bancos multilaterales de desarrollo para responder a la crisis climática, o el objetivo de cooperar en el futuro para gravar las mayores fortunas del mundo. Pero en ningún momento se menciona la necesaria salida de los combustibles fósiles.

Última decepción: las “contribuciones determinadas” a nivel nacional. Estas hojas de ruta quinquenales de cada país en materia de acción climática deben revisarse y presentarse a más tardar en febrero de 2025. Lo que está en juego es mucho: a finales de octubre, NU-Clima calculó que todos los planes climáticos en curso solo lograrán reducir nuestras emisiones en un 2,6% para 2030, en comparación con 2019. Mientras que deben disminuir un 43% para que el planeta permanezca por debajo de los + 1,5 °C de calentamiento.

Desde el inicio de la COP, el Reino Unido había presentado un nuevo plan muy ambicioso, con el fin de reducir las emisiones del país en un 81% en 2035, en comparación con 1990. A raíz de esto, Brasil había anunciado una hoja de ruta igualmente alentadora, fijando una reducción de sus emisiones netas del 59 al 67% para 2035, en comparación con los niveles de 2005.

Pero este impulso de los Estados a la acción climática se desvaneció rápidamente, porque “la señal política sobre la necesidad de tener planes climáticos robustos no fue lo suficientemente fuerte”, señaló Marta Torres Gunfaus de Iddri. Las contribuciones determinadas a nivel nacional fueron un tema que rápidamente se desconectó de las discusiones sobre el NCQG…”

Un modelo sin aliento

Además, esta COP habrá estado marcada de nuevo por la presencia masiva de grupos de presión de las industrias contaminantes. Mediapart contabilizó que en Bakú, cerca de 200 representantes de las grandes multinacionales de petróleo, gas y carbón habían sido acreditados. Y la coalición de ONG Kick Big Polluters Out reveló que al menos 1.773 grupos de presión de los combustibles fósiles se habían registrado en la COP.

Finalmente, después de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, fue el tercer año consecutivo en el que la cumbre climática fue organizada por un país donde las libertades de expresión y manifestación están especialmente restringidas. A finales de octubre, cinco relatores especiales de las Naciones Unidas y de instituciones regionales se alarmaron por la feroz ola de represión contra los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán.

Debido al consenso como método, así como a su desarrollo que cada vez se parece más a una feria comercial de buenas intenciones, las COP están más que nunca desinfladas. Peor aún, al condenar la justicia climática al fracaso, solo prolongan la violencia colonial de los países industriales del norte hacia el Sur global.

Mientras nuestro planeta se dirige a un calentamiento de + 3,1 °C para finales de siglo y 2024 ya promete ser el año más caluroso jamás registrado, la próxima COP, que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém (Brasil), tendrá la difícil tarea de imprimir un nuevo impulso político a la diplomacia climática. Y para evitar la implacable realidad: porque desde la primera COP, que tuvo lugar en 1995 en Berlín, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado inexorablemente.