“Así mismo, los trabajadores de la economía popular han sido históricamente excluidos, lo cual se manifiesta de diferentes formas. No son reconocidos como trabajadores y por ello no se incluyen en el marco de derechos y garantía de los beneficios sociales asociados al trabajo. Tampoco se reconocen sus unidades económicas y organizaciones comunitarias ni su contribución a la riqueza social y económica del país ni se incluyen en la construcción de políticas públicas ni en el desarrollo institucional.” (p. 62). ¡Esto es todo!
El documento no explica qué entiende por economía popular ni tampoco precisa las afirmaciones ni las sustenta en evidencia alguna. Por ejemplo, no queda claro en qué consiste que no sean reconocidos como trabajadores ni cuáles son los derechos y garantías que no se les respetan; tampoco se explica quiénes desconocen su contribución a la riqueza social y económica del país. Ni examina las características peculiares de distintos segmentos de la economía popular como los vendedores callejeros (estacionarios o ambulantes) o la producción campesina. Los pobres consejeros de planeación tendrán que hacer un esfuerzo enorme para adivinar qué está pensando el gobierno. Como ocurre con otras partes del proyecto de plan, es prácticamente imposible hacer comentarios sobre el diagnóstico.
En la parte programática se incluye un numeral titulado “reconocimiento e impulso a la economía popular y comunitaria (EPC)” (p. 70). En el diagnóstico solamente se habló de economía popular, ahora aparece la economía comunitaria. Este numeral es corto, apenas un par de páginas. En la parte general se afirma adicionalmente que los trabajadores de la economía popular y comunitaria además de desconocidos sus derechos y su participación en la toma de decisiones, están excluidos del contrato social, pero no se explica tampoco esto en qué consiste.
Para modificar las situaciones anteriores se ofrece establecer un pacto con la Economía Popular y comunitaria, en el marco del cual se “proponen estrategias para su reconocimiento, fortalecimiento y sostenibilidad.” Y se afirma a continuación que “el fortalecimiento de la EPC deberá garantizar un crecimiento económico democrático, que contribuya a mejorar el bienestar general de la población por medio del establecimiento de alianzas público-populares en los diferentes ámbitos y competencias de la institucionalidad nacional”. (p. 71). El proyecto no incluye ninguna meta concreta de impactos a alcanzar, por ejemplo, en materia del nivel de ingresos de los trabajadores de la economía popular.
La política con respecto a la EPC contiene los siguientes puntos: a) política pública para la EPC; b) formación y reconocimiento de oficios de la EPC; c) seguridad y protección social en la EPC; d) apoyos para la asociatividad, fortalecimiento y sostenibilidad de las unidades económicas de la EPC; e) acceso de las personas trabajadoras de las economías populares a trabajos asalariados; f) mecanismos de financiamiento y fomento de EPC; g) economía popular y comunitaria en el campo colombiano.
En la tabla siguiente resumo las acciones propuestas en cada uno de los puntos
El documento no presenta información sobre la situación de la EPC en materia de organización, formación y capacitación, capacidades gerenciales, desarrollo técnico, mercadeo, finanzas y crédito, etc., apenas hace enunciados generales. No se dispone por tanto con una línea de base y una explicación que sustente las líneas de acción. De otra parte, no presenta la magnitud de las acciones a realizar y los recursos a destinar a la política.
En síntesis, el proyecto no cumple con estándares mínimos en materia de planeación y por tanto, no ofrece un material sobre el cual poder hacer un análisis detallado.
De acuerdo con las estadísticas del DANE sobre el mercado laboral, en octubre de 2022 había 22,6 millones de personas ocupadas, de las cuales 12 millones de trabajadores asalariados y 9,3 millones de trabajadores por cuenta propia. El DANE no utiliza el concepto de economía popular, así que lo más cercano a la magnitud de esta masa de trabajadores, es esta última cifra. Sin embargo, aquí se incluyen también trabajadores por cuenta propia que obtienen ingresos elevados, como profesionales en distintas ramas: médicos, odontólogos, arquitectos, etc. Igualmente, es muy probable que se incluyan trabajadores por contratos de prestación de servicios, que en sentido estricto deberían estar clasificados como asalariados. En todo caso, existe un conjunto de millones de trabajadores que no obtienen su ingreso a partir de un salario sino de ingresos por la venta de bienes y servicios que producen o comercializan. Además, la gran mayoría de estos trabajadores realizan sus actividades en condiciones muy precarias (por ejemplo, ventas callejeras) y obtienen ingresos muy bajos. El proyecto de plan de desarrollo no dice una sola palabra sobre la situación de ingresos de estos trabajadores, con lo cual deja de lado el asunto principal.
La noción de economía popular es imprecisa. El proyecto de plan debería hacer un esfuerzo por ofrecer una exposición conceptual y desarrollar un diagnóstico que permita comprender cuál es la interpretación que hace el gobierno nacional de este fenómeno. Me parece que es útil considerar la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores que no obtienen sus ingresos a partir del salario. Esto marca una diferencia importante. Igualmente, es necesario examinar con detalle el universo de los trabajadores por cuenta propia con el fin de determinar su articulación con la economía capitalista predominante.
Aunque en términos de cantidad, los trabajadores por cuenta propia representan una cifra superior al 40% de la población ocupada su aporte al PIB es mucho menor. Así mismo, una parte importante de ellos, aunque son formalmente autónomos, es decir, cuentan con unos medios de producción, así sea en muy pequeña escala (un pedazo de tierra, unas herramientas, un pequeño local en la vivienda) y toman independientemente sus decisiones de producción y comercialización, están realmente articulados al mercado capitalista: compran insumos a empresas capitalistas y venden o comercializan productos de empresas capitalistas. Igualmente, muchos de ellos están en relaciones de subordinación con respecto a capitales mayores (industriales, financieros y comerciales), lo que hace que muy probablemente se les extraiga valor en dichas relaciones, como puede ser el caso de la producción campesina.
De otra parte, los trabajadores por cuenta propia (o en su caso la EPC) producen en estructuras de mercado caracterizadas por pocas barreras de entrada y por la competencia de numerosas unidades que se reparten el mercado, lo cual conduce a que los ingresos de cada unidad sean muy bajos; esto se agrava en el caso de productos perecederos en los cuales están sujetos a vaivenes muy fuertes de la oferta y la demanda. El proyecto del plan no dice nada sobre la estructura de los mercados ni sobre la magnitud de la demanda, factores que limitan la capacidad de generación de ingresos, y parece considerar que el problema es solamente de limitaciones a la oferta (insuficiente formación técnica y capacitación, carencia de habilidades gerenciales, poco acceso al crédito, etc.).
En síntesis, el proyecto de plan no ofrece un texto adecuado en materia de economía popular.
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Departamento Nacional de Planeación
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