Una vez conocida la aprobación en el congreso de la república del plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, surgen a quienes hacemos parte de las organizaciones de víctimas y trabajamos desde hace algunos años el escenario de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, algunas preocupaciones en lo que hace referencia al compromiso del gobierno de Iván Duque con la garantía de dar cumplimiento al acuerdo de paz y frente a lo que puede ser en los próximos años el compromiso de este gobierno con los derechos de las víctimas, tanto a la reparación integral, como a la restitución de tierras y en general a la garantía del derecho de la verdad y la justicia y los derechos de la verdad y la justicia y garantías de no repetición.
Igualmente, es bueno señalar qué de conjunto, el texto aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, no deja ver con claridad que la centralidad en la agenda del gobierno sea la construcción de paz, esto si se tiene en cuenta la evidente desfinanciacion que existe para implementar los acuerdos de paz, la ausencia de priorización para los ejes principales del mismo y la insistencia en la tesis de desconocer el conflicto armado interno que ha vivido el país y al contrario el fortalecimiento de la idea del enemigo interno y la amenaza terrorista, igualmente, hay que decir que el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el congreso sustenta la construcción de paz en la idea de aumentar el pie de fuerza y el control militar de los territorios, lo que significa continuar la lógica de la confrontación armada, en lugar de preferir la búsqueda del diálogo y los acuerdos políticos para desmontar todos aquellos elementos qué sustentan la prolongación de la guerra en el país. este hecho es en todo caso un desaprovechamiento del momento histórico que vive el país, una vez logrado el desarme y desmovilización de la principal guerrilla del país y el tránsito de esta a un escenario de lucha política, así como el desaprovechamiento del acuerdo de paz, que también es un instrumento para construir desde los territorios la paz duradera y estable.
La aprobación del articulado del plan Nacional de desarrollo en el Senado de la República, el pasado jueves 2 de mayo, justamente cuando el país discutía el enredo armado por la votación para la negación de las objeciones a la ley de justicia y paz y sin que los propios senadores conocieran el texto presentado para debate, en lo que puede calificarse con toda claridad y según lo han denunciado varios legisladores un auténtico “pupitrazo”, en el que el gobierno terminó, a punta de “mermelada”, imponiendo las mayorías que favorecieron la aprobación de un plan de desarrollo que a todas luces va en contravía de la construcción de paz. Y en cambio sí, es la reafirmación de un desarrollo orientado al favorecimiento del capital, la inversión extranjera los megaproyectos extractivistas y agroexportadores, o la ausencia de reconocimiento y estímulo a aspectos como la economía campesina, justamente todo aquello qué ha sido un factor de incremento de la violencia y la persecución a los líderes sociales en los territorios.
Victimas del centro al retroceso.
Los derechos de las víctimas han venido siendo usados como elemento publicitario por parte de los gobiernos y el de Ivan Duque no se ha quedado atrás y aunque se han hecho distintos enunciados que pretenden hacer creer que hay un compromiso con la satisfacción de sus derechos, los textos aprobados en el segundo debate en el plan Nacional de desarrollo, así como, el hecho de la ausencia de protección a los y las lideresas sociales y la falta de voluntad para el desmonte de las estructuras criminales ( léase paramilitarismo)demuestran totalmente lo contrario.
Un aspecto bastante notorio es la ausencia de apoyo presupuestal el aparato judicial que trabaja en la jurisdicción de restitución de tierras en la que evidentemente existe un represamiento de procesos entre otras cosas por la debilidad que tienen esos tribunales para atender la gran demanda de casos, en principio habrá que decir que a este ritmo el gobierno no podrá cumplir si no hay un mínimo porcentaje las metas establecidas de restitución de tierras fijadas en la ley 1448/11. Es quizá por esta razón que en el Plan Nacional de Desarrollo no se establecen metas claras en esta materia.
Igualmente constituye un retroceso grave en materia de satisfacción del derecho a la indemnización, por cuanto la meta fijada por el gobierno es la indemnización de 310.000 víctimas en el cuatrienio, lo que claramente constituye una disminución del número de personas indemnizadas comparado con el período inmediatamente anterior.
Igualmente preocupa el tema del fondo de reparaciones a las víctimas, que se sustenta en la tesis que su fortalecimiento va a provenir exclusivamente de los bienes incautados a la guerrilla de las FARC, lo cual claramente es insuficiente, pero más allá de ello significa una pérdida de interés de fortalecer el fondo de reparaciones, justamente con los bienes incautados a todos los grupos armados ilegales. En este mismo aspecto preocupa que los recursos obtenidos en este fondo, serán destinados a la reparación de los sujetos colectivos, que no cuentan con mayores resultados en el cuatrienio anterior, pero que en todo caso podría estar significando una mayor disminución en las cifras de la reparación individual. En todo caso no deja de ser preocupante el bajo presupuesto que el gobierno está destinando para efectos de la indemnización de las víctimas del conflicto armado.
Igualmente preocupa el desinterés evidenciado en el PND del gobierno de Iván Duque, respeto a los temas asociados con la atención psicosocial la cual sigue siendo un aspecto al que no se le proporciona un presupuesto adecuado y mucho menos se establecen, las responsabilidades institucionales que puedan determinar el desarrollo de los programas en este sentido.
No menos preocupante es el regreso a la concepción de víctimas como personas vulnerables y no como sujetos de derecho, lo que francamente es un desconocimiento de la jurisdicción establecida en Colombia y un retroceso respecto de la normativa internacional, que establece a las víctimas como sujetos de derechos concretos, sobre los cuales el gobierno tiene responsabilidades directas y prioritarias.
Igualmente llama la atención que el gobierno intenta priorizar los esfuerzos en la reparación económica sustentada ésta en la responsabilidad del victimario y no del Estado e igualmente el poco interés que se establece en materia de los derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Sustentado en la desfinaciacion del sistema integral de verdad, justicia y reparación integral, creado por el acuerdo de paz, así como, los evidentes sabotajes alentados por propio gobierno para impedir su funcionamiento.
Bueno es advertir que, en este escenario, se puede correr el riesgo que aún derechos como el de la participación de las víctimas en los procesos de modificación de la normatividad existente sean plenamente desconocidos.
En general hay que decir que este Plan Nacional de Desarrollo pone en evidencia, la continuidad de una política promovida bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante el cual se insistió en desconocer la existencia de las víctimas y consecuentemente con ello la responsabilidad del Estado con sus derechos y su reconocimiento como sujetos políticos. Llama la atención qué podría estar asistiendo el país a un período de profundización del conflicto armado y consecuente con ello el aumento de las víctimas del mismo en un escenario de desconocimiento de sus derechos.
Finalmente es necesario llamar la atención de las organizaciones de víctimas, así como de las organizaciones que promueven la restitución plena de sus derechos, para que se prendan las alertas de lo que podría ser un período de franco retroceso en materia de garantías y reconocimiento de los derechos a las víctimas y en todo caso la posibilidad de asistir a un retroceso de los estándares nacionales en materia de pago de indemnizaciones y restitución de tierras.
Fortalecer la organización y los procesos de movilización es parte de la prioridad que hoy tienen que promover las organizaciones de derechos humanos y de víctimas en el país¡¡¡
Alfonso Castillo, Defensor de Derechos Humanos.
Foto tomada de: El Espectador
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